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ECUADOR

Protesta indígena

                          Para negociar no basta con tener razón

Rosa Cañete Alonso/ Revista Anfibia

                               

La crisis ecuatoriana muestra al país como un laboratorio vivo donde se tensan el poder, la desigualdad y el secuestro de la democracia por las elites económicas. Desde Quito, Rosa Cañete Alonso, economista de OXFAM, cuenta el otro lado de lo que los medios titulan "Extremismo indígena". La solidaridad de los vecinos con las comunidades que llegan de todo de país, las brigadas de estudiantes de medicina que asisten a las víctimas de la represión y la fuerza del movimiento indigena que, como en los 90, se demuestra capaz de torcer el trágico destino social al que los entrega el gobierno neoliberal.

 

"Esto ayuda señorita", me dijo un señor indígena de unos 70 años mientras me ofrecía unas hojas de eucalipto para aminorar el efecto de los gases lacrimógenos. Nos acababan de bombardear con gases desde los tejados de las casas del centro histórico de Quito donde miles (muchxs miles) intentábamos esquivalos por las angostas calles provocando estampidas. Pero los gases no acabaron ahí, cuando salimos justo a las afueras del Centro Histórico. En el Parque la Alameda nos acorralaron y empezaron a bombardear sin parar, éramos a unas 10.000 personas, nos reprimieron a base de ahogos y desmayos hasta el Parque del Arbolito y finalmente nos expulsaron de toda la zona centro.

Esa misma noche del jueves avanzaron hacia la Universidad Salesiana y la Universidad Católica, alojamiento de las comunidades indígenas, niños, hombres, mujeres y ancianos arribados de todas partes del país a unirse al paro. Se estima que más de 20.000 han llegado y aún siguen avanzando hacia Quito delegaciones de las comunidades amazónicas.

Aterrizar esta semana en la capital ecuatoriana para participar en un debate académico sobre desigualdad y democracia ha sido casi como llegar a un laboratorio en vivo y en directo sobre la brecha social, el poder y la captura del Estado por las élites económicas.

La crisis social de Ecuador ya ha provocado al menos 5 muertes, y más de 750 personas fueron detenidas durante el estado de excepción decretado por el Presidente Lenin Moreno. Se han cerrado medios de comunicación como Radio Pichincha, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado su preocupación ante lo que podría constituir un acto de censura. Durante el estado de excepción decretado por 60 días se dispone la movilización en todo el territorio nacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y permite la suspensión del ejercicio de la libertad de asociación y reunión y la limitación de la libertad de tránsito.

El viernes la represión aumentó. La marcha indígena a la Asamblea Nacional fue liderada por mujeres y niños pero esa presencia tampoco impidió el ataque desmedido de las fuerzas de seguridad con gases bombas de humo y perdigones que lanzaron contra la multitudinaria manifestación. La represión siguió hasta la 1 de la madrugada alrededor de la Casa de la Cultura donde se congregan los miembros del movimiento indígena.

Las marchas se iniciaron el pasado 2 de octubre, luego de que el gobierno anunciara el #PaquetazoNeoliberal y aplicara la primera medida acordada con el FMI, la eliminación del subsidio a los combustibles.

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Si bien esta medida es la que mayor impacto negativo tuvo en la población, el acuerdo con el FMI plantea recortes en el gasto corriente, focalización del gasto social y una reforma tributaria que aspira a aumentar la recaudación de un 1,5% a 2% del PIB aumentando los impuestos indirectos y reduciendo los directos. Se plantean recortes del gasto social general -llamados "eficientización"- acompañados de un aumento de los programas focalizados.

Entre las medidas acordadas con el FMI está la eliminación el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) que reduce la recaudación en unos 1,200 millones de dólares al año, una medida clave en el control de la fuga de capitales y en la estabilidad de la dolarización. Por otro lado, el proyecto de ley presentado por el gobierno plantea reformas laborales que conllevarán la reducción del número de funcionarios y el recorte derechos laborales en el sector público -como la reducción de 15 días de vacaciones o la obligada entrega de un día de salario al mes de cada funcionario a las arcas públicas-. Además, a los contratos temporales que se renueven se les aplicará un 20% de reducción salarial. Según la Carta de Intención firmada con el FMI se quiere reducir 1% el costo de los salarios públicos para el 2021 y así influir también en los salarios del sector privado.

Otro tema central planteado en la Carta de Intención es "poner fin al financiamiento del presupuesto del Estado por parte del Banco Central, limitando así la capacidad de decisión del Gobierno sobre las políticas públicas y la distribución presupuestaria y consolidando la dependencia de los acreedores. En concreto el FMI toma las riendas de la economía y de la política del país", como plantea el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).

Todas estas medidas vienen a ser la gota que colma el vaso.

Según el Instituto Nacional de Estadística la tasa de pobreza general aumentó un 2.4% y la de pobreza extrema un 1.1% de junio 2017 a junio 2019. Desde el inicio de su gobierno en 2017 se han aplicado medidas que claramente privilegian a unos pocos frente a las grandes mayorías como la reducción de impuestos a los inversores extranjeros y grandes empresas lo cual ya ha llevado a una pérdida de recaudación del 1,2 % del PIB. También se han despedido 23.000 funcionarios públicos. Y se firmaron múltiples decretos que han precarizado la contratación laboral en el sector banano y otros.

El Consenso de Washington está de vuelta y no solo en el Ecuador. Ya hemos visto cómo este tipo de medidas afectaron los derechos sociales y económicos de la población de Argentina y de Brasil, donde aumentaron las cifras de pobreza y la conflictividad social y política. Lo sorprendente es que ya hemos visto también los efectos devastadores que estas decisiones tuvieron en América Latina y Caribe en los años ´90, donde se alcanzaron las más altas tasas de pobreza y desigualdad registradas en la historia. Por eso es sorprendente que se intente aplicar recetas que sólo pagan las grandes mayorías mientras se privilegian las grandes fortunas y empresas. Es más sorprendente aún que ésto ocurra, como plantean prestigiosos economistas, mientras existen otras salidas para enfrentar el déficit como controlar la evasión, revisar los privilegios tributarios de las corporaciones o regular la salida de dólares que impulsan los importadores más poderosos.

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Estas políticas que privilegian a unos pocos, resultado de las medidas tomadas por los gobiernos, no son casuales. Son lo que llamamos captura del Estado y acaban provocando un secuestro de la democracia. El ascenso de empresarios en cargos ministeriales, presidenciales y congresuales -así como el control de los medios de comunicación- se observa en varios países de la región como una constante. Mientras los noticieros en Ecuador colocan como título de su reporte de las movilizaciones ciudadanas "Extremismo Indígena", la realidad que yo vi en las calles de Quito es muy diferente: los camiones llegaban con comida traída por voluntarios y donada por la gente, las vecinas daban agua a los manifestantes o rellenaban las garrafas que la gente les tiraba a sus balcones, lxs estudiantes de medicina crearon brigadas que con banderas blancas atendían a los heridxs.

El sábado, dos días después de aquella encerrona con gases lacrimógenos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIRE) anunció que aceptaba la propuesta de diálogo propuesta por el Presidente planteando la necesidad de que fuera directo y abierto. Poco tiempo después manifestantes encapuchados prendieron en llamas la Contraloría General de la República y el canal de TV Teleamazonas. El movimiento indígena se desligó de estos actos inmediatamente . Informó que "durante todo este día las bases de la @CONAIE_Ecuador nos hemos mantenido en el ágora de la Casa de la Cultura en una asamblea para trazar directrices. Nos deslindamos de los hechos ocurridos en Contraloria y @teleamazonasec ". Simultáneamente Lenin Moreno decretó el Toque de Queda desde las 3 de la tarde en todo el distrito municipal de Quito y el Valle.

El poder del movimiento indígena es impresionante y ya demostraron, tras los ajustes de los 90 y la década perdida en América Latina, que es capaz de inclinar cambios políticos que desequilibren la balanza de las elites económicas. Tras el #Paro del miércoles 9 de octubre, ellos mismos se sorprendían : "Hemos vivido días de mucha agitación, nos hemos sorprendido de nuestra propia capacidad de lucha y resistencia.". Es un movimiento masivo, de amplia base social, conformado por las personas más castigadas y excluidas del país. Saben que para poder negociar no basta con tener razón, saben que necesitan mostrar su poder. Lo hacen por la vía pacífica y tienen larga tradición de diálogo y capacidad de llegar a acuerdos.

Ese jueves 10 de octubre la comunidad indígena enterró, en un acto masivo y emotivo, a Inocencio Tucumbi, uno de sus líderes caído en las manifestaciones. Su hijo declaraba que había asesinado por un disparo de la policía. En mitad de la tragedia dijo: "Perdí a mi padre pero seguimos en la lucha. Perdí a mi padre, pero Ecuador nunca se da por vencido".

                    

Fotos: Oxfam

Fuente: http://revistaanfibia.com/cronica/protesta-indigena-para-negociar-no-basta-con-tener-razon/

 

     n° 516

31/10/2019

Frida Khalo