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CHILE        (Articulo propuesto por ROSSANA CÁRCAMO)

Plan Económico de Piñera y Lock Out Patronal: Viento de Cola para la Tormenta Perfecta

Por
Red Digital
03//2020

        

por Francisco Herreros.

El escenario en Chile tiende a parecerse al de un país azotado por una plaga bíblica.

A la revuelta social que tenía al gobierno contra las cuerdas, y a la pandemia que la reemplazó momentáneamente -y que puede cobrar dimensiones pavorosas- se suma el lock out del capital decretado por Piñera, un brutal golpe de mano palaciego que traspasa el costo del desastre a los trabajadores y a la población más desvalida, en nombre de la «protección del empleo».

Piñera, avezado especulador, especialista en pelea corta y ventajista de baldosa, sabe que el que pega primero, pega dos veces.

Por tanto, el primer día con los militares en la calle, y con la población preocupada de la cuarentena, contraatacó por sorpresa con un gancho al hígado, bajo una pantalla de ampuloso título: Plan de Emergencia Económica para proteger los ingresos laborales, el empleo y las PyMes.

Es, como todo lo tocante a Piñera, un acto de prestidigitación, que captura la atención con el despliegue de un ofertón populista, que en rigor reemplaza un ofertón anterior, mientras con mano mora, lanza un asalto a mano armada, a los ingresos del trabajo y al bolsillo de «las familias».

En nombre de la catástrofe, y mientras dure, a pretexto de que «esto lo enfrentamos entre todos», liberó al capital de su función social de remunerar al trabajo, y la reemplazó por un sistema de seguro financiado en parte por los propios trabajadores, de escaso desarrollo y profundidad, no preparado para la emergencia, y de monto asaz insuficiente.

Lo hace en una impetuosa huída hacia adelante, en la que perpetra la mayor desregulación laboral que se tenga memoria, arrasa con toda noción de derecho, y se aprovecha del pánico para instalar como un hecho consumado el teletrabajo, obsesión recurrente del padrón neoliberal, sin amago de consulta a los que resultarán afectados.

Además, no se trata de una ley parcial o transitoria, sino definitiva, que soslaya el rechazo de los trabajadores, toda vez que se pierden la jornada de trabajo, las horas extraordinarias,
y las licencias médicas.

Es decir, no es que los trabajadores rechacen el teletrabajo en sí, sino la regulación que los hará perder conquistas y derechos, en nombre de la «modernización», eufemismo que oculta la tendencia secular del capital, de bajar costos por el lado de la remuneración del trabajo.

Huelga de capitales

El proyecto es equívoco desde el lenguaje.

Su pivote central, el Proyecto de Ley Covid-19, invoca la «protección a los ingresos laborales», para hacer, en realidad, lo contrario: desregularlos, desvincularlos de la empresa y ajustarlos a la baja, como contribución al «sacrificio» que se exige a todos.

Lo plantea con su proverbial ambivalencia, donde lo que pretende hay que deducirlo, puesto que lo desliza de contrabando, en discreto segundo plano:

«Cuando el trabajador en el marco de esta emergencia deba permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar sus labores a distancia (teletrabajo), se permitirá la suspensión temporal de sus funciones en la empresa, así como el pago de sus remuneraciones por parte de su empleador.

En estos casos, se mantendrá el vínculo contractual y todos los derechos laborales, pero el trabajador pasará a recibir ingresos desde el seguro de cesantía de acuerdo a las reglas de uso vigentes. Por su parte, el empleador mantendrá la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador.

Para garantizar la sostenibilidad del fondo de cesantía solidario, el Fisco entregará, a medida que éste lo requiera, hasta US$2.000 millones de dólares». (1)

En otras palabras, a aquellos trabajadores que permanezcan en su hogar sin posibilidad de realizar labores a distancia, o sea, la inmensa mayoría, porque en Chile el teletrabajo no está implementado, ni regulado, se les «garantiza» un ingreso decreciente, financiado con el consumo de su propio seguro de cesantía.

Una canallada de la plutocracia, en tiempos de la pandemia.

El módico seguro de cesantía

El sistema, o si se prefiere, el mercado del seguro de cesantía ostenta incipiente desarrollo.

Tiene origen en octubre de 2002, y es obligatorio desde entonces.

Se financia con aporte tripartito del trabajador, el empleador y el Estado.

La cotización mensual depende del tipo de contrato. El aporte individual del trabajador con contrato indefinido es el 0,6% de su remuneración imponible. El trabajador a plazo fijo no tiene que hacer aportes.

El aporte del empleador asciende al 2,4% de la remuneración imponible del trabajador con contrato indefinido, y al 3% en el caso de los trabajadores con contrato a plazo fijo.

De este aporte, el 1,6% se abona en la cuenta individual del trabajador, y el 0,8% va a un fondo de reparto denominado «Fondo de Cesantía Solidario».

Para girar con cargo a la cuenta individual, aquellos con contrato indefinido deben acreditar al menos 12 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, y los con contrato a plazo fijo, al menos 6 cotizaciones mensuales.

El trabajador puede realizar tantos giros como el saldo de su cuenta individual permita.

En el caso de un trabajador con contrato indefinido, la Administradora de Fondos de Cesantía le paga la primera cuota en el primer mes de desempleo, correspondiente al 50% del promedio de la remuneración de los últimas seis o 12 meses, según corresponda, al 45% del sueldo durante el segundo mes, al 35% en el tercer mes, al 30% en el cuarto mes y así hasta extinguirse, rara vez más allá del séptimo mes.

A modo de ejemplo, en el caso de un trabajador con contrato indefinido, un sueldo mensual de $1 millón y ocho años en la misma empresa, los pagos del seguro de cesantía mostrarían la siguiente pendiente negativa:

Primer mes: $506.880
Segundo mes: $456.192
Tercer mes: $405.504
Cuarto mes: $354.816
Quinto mes: $304.128
Sexto mes: $253.440
Séptimo mes: $233.660, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.

Y hasta ahí llegó.

Puede que la pandemia no dure ese tiempo, pero lo probable es que la recesión resultante, sí.

Entiéndase: el seguro de cesantía está diseñado para la emergencia, y por tanto, en tiempos de catástrofe, es lógico que se utilice.

Pero para complementar ingresos en tiempos de emergencia, de forma de mantener el consumo de los trabajadores, y no para suplir una función social responsabilidad del empresario, y pagarle el sueldo al ejército del trabajo mientras dure la emergencia, como pretende el plan de Piñera.

Los mismos de siempre

La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile, AFC Chile, es una empresa privada cuyo objeto exclusivo es administrar el Seguro de Cesantía, controlada por las Administradoras de Fondos de Pensiones que operan en el país: Provida, Habitat, Capital, Cuprum y Planvital.

Los dineros acumulados por concepto del pago de cotizaciones, más los aportes del Estado, se acumulan en los fondos de cesantía y de cesantía solidario.

La AFC está obligada por ley a invertir estos recursos en el mercado de capitales.

Por cierto, no trabaja gratis, ni por bolitas de dulce: recibe una comisión de 0,49%, de base anual sobre el saldo de los Fondos de Cesantía y Solidario.

Sandía calada.

Como evidentemente el fondo no va a alcanzar para la avalancha que se avecina, el plan de Piñera lo suplementará con un subsidio público de hasta dos mil millones de dólares; o sea el «sacrificio» del Estado.

Esa sociedad, de esos accionistas, administrará ese subsidio.

De otra parte, no posee infraestructura ni está preparado para hacerse cargo de los sueldos de la población laboral del país.

En las actuales condiciones, una vez el trabajador queda cesante, debe concurrir a una sucursal de AFC, con el documento que acredite el término de la relación, ratificado por un ministro de fe, e inscribirse en la Bolsa Nacional del Empleo.

Ese solo trámite, multiplicado por millones de trabajadores, puede resultar en un cuello de botella impensado para quienes idearon esta «creativa» solución, eventualmente, en medio del desastre.

Las migajas del baile de los que sobran

Para los trabajadores por cuenta propia, temporeros e informales, en torno al 30% de la población laboral activa, el plan de Piñera considera un bono equivalente al Subsidio Único Familiar, SUF, a dos millones de personas.

El monto del Subsidio Familiar está en $13.155 por carga familiar, y en $26.310 en caso de invalidez.

Una familia promedio tiene cuatro cargas familiares, o sea, recibiría un bono de $52.620.

Solo Piñera y la insaciable plutocracia del país, pueden presentar esta miseria como una «fuente de ingreso extraordinaria mientras dure esta situación de emergencia», y no como lo que es, un abandono de la responsabilidad del Estado ante la emergencia.‬

De otra parte, no hay que perder de vista que el trabajo precarizado es una de las consecuencias del modelo que prohija el plan de Piñera

Este «esfuerzo» implica recursos, públicos naturalmente, por US$ 130 millones.

Lo mismo que los US$ 100 millones del Fondo Solidario, destinado a atender emergencias sociales derivadas de las caídas de ventas de microempresarios dedicados al comercio.

Y al igual que el bono de subsidio familiar, un saludo a la bandera para mitigar la mala consciencia de los que aguardan el tsunami sanitario felices y forrados, en sus casas de veraneo en la playa.

Flexibilidad laboral en tiempos de catástrofe

Siempre a pretexto de la catástrofe, el plan de Piñera instala, también mediante la ley de los hechos consumados, la largamente anhelada flexibilidad laboral, esta vez en nombre de la protección al empleo.

En efecto, el Proyecto de Ley de Protección del Empleo permite la reducción de la jornada laboral con disminución de la remuneración, remitiendose la diferencia al Fondo de Cesantía Solidario, para que no caigan bajo el 75% de su renta. Otro «esfuerzo» endosado a los trabajadores.

El azote de la pandemia fatalmente pasará.

Pero el proyecto, de convertirse en ley, permanecerá, y se convertirá en otro ladrillo en la pared en la paciente labor de zapa del neoliberalismo estratégico, en procura de la desregulación de las relaciones laborales y eliminar los derechos colectivos del trabajo.

Es importante que el Chile movilizado no pierda de vista ese troyano, no bien remita la crisis sanitaria.

Esto se suma a recientes medidas de la Dirección del Trabajo, que a pretexto de la situación actual, está retardando las negociaciones colectivas.

Los subsidiados de Piñera

Del «sacrificio» que se le pide al país, pretendidamente a todos, el plan de Piñera exime al capital, al empleador, a los de siempre, a los que no pierden nunca, a sus compinches del gremio del uno por ciento.

No sólo quedan relevados de toda obligación contractual con sus trabajadores, que no sea el pago de cotizaciones previsionales y de salud; recursos que después refluyen a sus faltriqueras, en forma de inversiones de las AFP, sino mantienen incólumes rentas, beneficios, excepciones, privilegios, ventajas y sinecuras.

Ninguna medida del plan de Piñera los obliga a mantener la unidad económica con cargo a alguno de sus modos de acumulación, tales como utilidades, reservas, anticipos, capitalización o endeudamiento.

Que eso es enteramente posible, lo demuestra el siguiente tuit de Andrónico Luksic:

Quiñenco y sus filiales en Chile se comprometen con #CeroDespido los próximos 4 meses. Sabemos que en esta crisis habrá muchas Pymes q lamentablemente deberán seguir otro camino. Pero, los que podemos, comprometámonos con cosas concretas hoy!! #FuerzaChile🇨🇱 #ChileContraelCovid19

— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) March 20, 2020

Tampoco, ninguna disposición para que pongan su parte de «esfuerzo» mediante la restauración del principio de tributariación progresiva, donde la carga tributaria recae mayormente en las rentas del capital.

Ninguna intervención en los fondos de inversión empozados, que eluden impuestos, como el FUT, y su sucesor, el registro de Rentas Exentas, REX.

Ningún impedimento para la evasión tributaria en paraísos fiscales, ni amago alguno para repatriar esas «inversiones».

Ninguna política para recuperar para el país la renta de los recursos naturales, y la administración de los servicios básicos y/o estratégicos.

Entonces, arropados, relativamente a resguardo, umbilicalmente conectados al fondo de pensiones, aguardan nerviosos, como todo el mundo, la llegada del chaparrón.

Beneficios tributarios para pymes

Para la pequeña y mediana empresa, Pyme, el plan de Piñera disponde un conjunto de medidas de alivio tributario, tales como la suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de empresas por los próximos tres meses; anticipación de la devolución de impuesto a la renta al mes de abril; postergación del pago del IVA de los próximos tres meses a las empresas con ventas menores a 350.000. UF, con pago en 12 cuotas mensuales sin interés; postergación hasta julio del pago de impuesto a la renta; postergaciónde las contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350.000 UF y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a $133 millones, y suspensión transitoria del traído y llevado impuesto de timbre y estampillas a las operaciones de crédito.

Además, comprende la flexibilización del tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la República focalizadas, tales como convenios de pago de deuda tributarias sin intereses, ni multas y suspensión temporal de acciones de cobranza judicial y de remates por deudas tributarias.

Todos los gastos de las empresas asociados a enfrentar la contingencia sanitaria serán aceptados como gasto tributario.

El estado pagará al contado todas las facturas proveedores del Estado pendientes. Toda nueva factura se pagará antes de 30 días

Se inyectarán recursos al Banco Estado, para destinarlos a financiamiento de personas y Pymes.

Dado el hecho que la Pyme ofrece alrededor del 70% del empleo en Chile, el plan de Piñera es demasiado poco, demasiado tarde.

Un plan que reproduce la desigualdad

En esto consiste el plan que Piñera propagandiza como si a la economía se le vayan a inyectar US$ 11.740 millones.

En rigor, gasto directo son los US$ 2.000 millones para el Fondo de Cesantía Solidario, los US$ 1.000 millones para el pago a proveedores, los US$ 130 millones del bono a los trabajadores informales, los US$ 100 millones del Fondo Solidario, y los US$ 500 millones de capitalización del Banco Estado; esto es, alrededor de US$ 3.700 millones; sin perjuicio del 2% constitucional para enfrentar la emergencia sanitaria, unos US$ 1.500 millones, además de un fondo especial de $220.000 mil millones, .

El resto, se reparte entre postergaciones tributarias, deudas devengadas, créditos blandos y expectativas de liquidez, siempre que a) los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios, y b) se destinen a consumo y/o consumo productivo, y no se guarden como ahorro.

Y ahí, al fin, aparece el cuadro completo de un plan que reproduce las desigualdades

Al capital y al sector de la Gran Empresa, un subsidio directo para relevarlo de su obligación de remunerar al trabajo, mientras se prolongue la pandemia; financiado con gasto corriente del Estado, es decir, por todos los chilenos.

A la pequeña y mediana empresa, medidas de alivio tributario, para ayudarlas a que se las compongan como puedan.

Al trabajo del sector formal, la angustiosa perspectiva de un ingreso pronunciadamente decreciente con cargo a un raquítico sistema de seguro de cesantía, que deberá ser subsidiado por el Estado.

Al trabajo informal y a la población que no forma parte de la fuerza de trabajo, un bono irrisorio, que no alcanza el límite de la subsistencia, y no guarda ninguna proporción con la magnitud de la crisis.

Ruptura del contrato social

Piñera obra de esta manera no por buena o mala persona, y no solo por interés de clase.

Lo hace porque está ideológicamente convencido, igual que Pinochet, de que es preciso cuidar a los ricos, porque son los que dan trabajo, y de que la empresa es la unidad económica que genera valor.

En esa lógica, blinda a la empresa con el fin de que, una vez superada la emergencia, recupere su función de contratar trabajo.

Sin embargo, es evidente que no ha sabido leer las señales de cambio de fase.

Lo que difícilmente se sostenía en pie antes de la emergencia sanitaria, menos lo hará después de ella.

En una catástrofe multidimensional, donde se superponen en capas casi arqueológicas, y se potencian recíprocamente, crisis económica, política, social, ambiental y sanitaria, en esencia, una crisis civilizatoria, la única política contracíclica eficiente es subsidiar el consumo de las personas, no tanto por razones humanitarias, que ya es suficiente, sino porque ese consumo retroalimentará lo que quede en pie de la actividad productiva.

Un plan económicamente ineficiente

Precisamente, lo que omite el plan de Piñera es lo más importante en una catástrofe como la actual: inversión pública en la industria productiva, para evitar, o aminorar, la caída de la demanda de trabajo y del consumo, la multiplicación del desempleo, la baja de los salarios y la quiebra de las Pymes.

Tampoco obliga ni incentiva a la inversión privada; por el contrario.

La baja del precio del dinero por parte del Banco Central a un 1 % de interés referencial, para salvar a la banca y a los grandes grupos económicos, no estimula al empresariado a invertir productivamente, en la economía real.

La política monetaria funciona sobre la base que los bancos centrales ponen a disposición de los bancos comerciales ciertos niveles de liquidez, para que lo canalicen en forma de créditos, a las empresas y las personas. En el actual sistema, no hay otra forma.

Lo que sucede en incertidumbres tan severas, es que esa liquidez vuelve al Banco Central por la vía de depósitos, porque no hay condiciones para colocar ese dinero.

La cadena del crédito no funciona como dice la teoría.

Los grandes capitales evitan el riesgo, compran dinero barato y lo invierten en instrumentos financieros, papeles que representan valor, pero no producen riqueza ni valor social.

Ningún país en el mundo ha perpetrado la barbaridad de Piñera, de retirar dinero del bolsillo de la gente, en medio de la pandemia.

Su plan se acerca más a lo que hizo Trump, que al abordaje de la Unión Europea.

Mientras Trump está impulsando un paquete financiero con el dinero de los contribuyentes que redistribuirá la riqueza… pero entre los ricos, Alemania ya comprometió €550.000 millones para apoyar a las empresas del país a través del banco estatal de desarrollo, KfW.

El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha manifestado que está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance, incluida la nacionalización, para proteger a las empresas francesas amenazadas por la epidemia.

La pasada semana, la Comisión Europea dio luz verde a los Estados miembros para salir al rescate de las empresas, suspendiendo la normativa sobre las ayudas públicas al sector privado. Esto supone que los gobiernos podrán tomar medidas como préstamos, recapitalizaciones con dinero público, la toma de una participación accionaria y llegado al extremo, la nacionalización si es necesario. (2)

En otro enfoque posible, en países europeos, como Finlandia, Holanda, Canadá, Escocia, y ahora también Francia, se está experimentando con modelos de renta básica universal, sistema de seguridad social en que todos los ciudadanos de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones, sea desde un gobierno o alguna otra institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares.

La recibe todo miembro residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva. (3​).

Es propio de la naturaleza humana que, en momentos de prueba, coexistan relaciones de colaboración, empatía y solidaridad, con máculas como la avaricia, la mezquindad y el sálvese quien pueda.

Una renta básica universal financiada por el Estado, al menos mientras dure la emergencia, es una política inspirada en la primeras. El Plan económico de Piñera hunde sus raíces en las segundas.

En su apuro e improvisación, el o los autores del plan de Piñera, olvidaron que las relaciones laborales son, esencialmente, una relación social de producción, y por tanto, presupone roles y responsabilidades recíprocas.

En uno de los mayores desastres en la historia del país, Piñera decreta el lock out del capital y lo licencia de su función social de remunerar al trabajo, a pretexto de preservar su capacidad de ofrecer trabajo futuro.

Una decisión que marcha en sentido opuesto a lo que pide la crisis, y que dejará, de un lado, un puñado de plutócratas forrados en papel -que fácilmente puede perder su valor-, y del otro, un pueblo inerme y despavorido ante la tragedia, mientras se derrumba la economía.

Un decreto que implica una bofetada a las demandas del pueblo movilizado, por lo cual es razonable pensar que, una vez superada la emergencia sanitaria, proporcionará renovados motivos para volver a la calle.

Una política que viola un contrato social, y por tanto, destruye vínculos que sostienen la cohesión y la convivencia cívica.

En definitiva, un tiro por la culata, en la medida en que el lock out del capital desencadenará el lock out de la deuda.

¿Con qué moral y con qué derecho, los dueños del capital y de las empresas, que abjuraron de su obligación de pagar salarios, podrán impetrar después, el pago de obligaciones pactadas a plazo?

En efecto, con ingresos drásticamente reducidos, por debajo de los niveles de subsistencia, los trabajadores, la gente, «las familias», serán incapaces de pagar su deuda, incluyendo la deuda hipotecaria, lo cual dará una nueva vuelta de tuerca tanto a la crisis económica, como a la crisis social.

No se trata de una bicoca. Según un estudio reciente de Equifax, a diciembre de 2019, se registraban 4.733.305 deudores morosos, con una morosidad promedio de $1.864.724; solo por concepto de deuda comercial, 58,4% de ella, de naturaleza bancaria. (3)

Por sí misma, una masiva cesación de pago de deudas es suficiente para precipitar a una economía en la recesión.

Más aún en el caso de Chile, azotado al mismo tiempo por una catástrofe sanitaria, una crisis económica y una elite inepta, irresponsable y voraz.

Políticas como las de Piñera se tornan crecientemente incompatibles con las que necesitará el país para salir de una crisis de semejante intensidad y magnitud.

La ideología de la ganancia privada atenta, una vez más, contra el bien común. Están tan obnubilados, que no caen en cuenta de que en su afán de no perder ni uno, pueden perderlo todo.

Cuanto antes lo internalicen los chilenos, menor será el sufrimiento.

Por ahora, parece ir para largo.

Notas:

(1) Presidente presenta plan económico de emergencia por US$11.750 millones para proteger el empleo y a las pymes: "Necesitamos unidad"
https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=148684

(2) Alemania se prepara para nacionalizar empresas si el impacto del Coronavirus se descontrola; https://www.eleconomista.es/economia/amp/10429227/Alemania-se-prepara-para-nacionalizar-empresas-si-el-impacto-del-Coronavirus-se-descontrola?__twitter_impression=true

(3) https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_b%C3%A1sica_universal

(4) XXVII Informe de Deuda Morosa; https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/XXVII-Informe-de-Deuda-Morosa.pdf

Fuente: https://reddigital.cl/2020/03/

     n° 521

31/3/2020

Frida Khalo