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"El fenómeno de la esclavitud moderna está documentadísimo"

Escrito por Daniel Erosa

Con Adoración Guamán, experta en empresas trasnacionales, democracia y derechos humanos.

De "estados capturados" por las presiones del capital corporativo internacional, del "asalto a las democracias" perpetrado por las empresas trasnacionales que subvierten el orden a través de los tratados de inversión o comercio, asegurándose más poder que los propios gobiernos y generando una verdadera "arquitectura de la impunidad" para maximizar ganancias y eludir sus responsabilidades cuando violan los derechos humanos, habla esta jurista española1 que participó el martes de la conferencia "El camino hacia un tratado vinculante para proteger los derechos humanos". Lo que sigue es un resumen de la charla que tuvo Brecha con esta experta que vive entre Europa y Ecuador, y aún cree que "hay que volver a inventar el qué queremos"

—Es fundamental que el derecho internacional vaya evolucionando para dar respuesta a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas trasnacionales con total impunidad. Los estados están en una encrucijada: actuar frente a esto o mantener y seguir construyendo la estructura de impunidad que implican los tratados de libre comercio o inversión. Durante muchos años el derecho internacional se ocupó de los estados que cometen crímenes contra los derechos humanos. Pero las empresas trasnacionales, que, conforme han ido creciendo, aumentaron su poder económico y político mediante la captura corporativa, han tenido una mayor posibilidad de violar los derechos humanos y lo que es peor, van consiguiendo que esas violaciones sean impunes. Esto ha sido denunciado por el activismo, por los sindicatos, por la izquierda en todo el mundo y por los organismos internacionales como Naciones Unidas, que cada año presentan informes de cómo se producen estas violaciones. El fenómeno de la esclavitud moderna está documentadísimo en las cadenas de suministro, en las maquilas, en la industria textil. Está claro que hay una estrategia empresarial basada en la reducción de costes mediante el dumping social. Esto implica que las empresas se puedan mover por todo el mundo buscando el costo más bajo y eso va provocando en los países del sur una carrera a la baja para atraer la inversión extranjera. Entonces, si no paramos e intentamos establecer marcos jurídicos para impedir que las empresas sigan compitiendo entre ellas para ver cuál viola más los derechos humanos, estaremos en una caída sin frenos hacia una realidad en la que las empresas aumentan sus ganancias a costa de la vida de mucha gente. 

—Los estados saben que cuando firman estos tratados de inversión renuncian a una parte de su soberanía o por lo menos a la legitimidad que tienen de regular en el orden interno para allanarle el camino a las empresas. ¿Por qué se siguen firmando si la mayoría de las veces ni siquiera detrás de los tratados obtienen la anunciada inversión?

—Esa es la otra cara de la moneda. Nosotros enfocamos esta lucha en un sentido propositivo. Queremos construir un marco normativo protector de los derechos humanos. Desde la academia crítica, los sindicatos y las Ong denunciamos y criticamos los tratados bilaterales de inversión, que también son normas internacionales. Curiosamente estas normas tienen mayor eficacia y se aplican de una manera mucho más clara y con sanciones más rigurosas que las que defienden los derechos humanos. Los estados saben que esto ocurre, que el compromiso por estos derechos es menos vinculante que los tratados de libre comercio o inversión. Lo que dice la ortodoxia económica es que los tratados producen riqueza. Pero sabemos que eso ha sido muy criticado. La inversión extranjera puede producir riqueza sí, pero para unos pocos, porque sobre todo produce acumulación y concentración. Jamás redistribución, crecimiento o desarrollo humano. Además la inversión no llega sólo por los tratados. Trae más inversión una buena red de carreteras o una tecnología determinada que un tratado de inversión (Tdi). Lo que sí sucede es que algunas personas se enriquecen por haber firmado un Tdi o por ser amigas de quien lo ha firmado. Y ahí vemos el fenómeno de la captura corporativa o la capacidad que tienen las empresas de conseguir que los estados hagan lo que ellas necesitan que se haga, construyendo una arquitectura jurídica de la impunidad. Hemos llegado a un punto en el que las normas constitucionales protectoras o guardianas de la ciudadanía están siendo desbordadas por este tipo de tratados que sortean los diques constitucionales a favor de las empresas. El poder económico es tan potente que el poder político se pliega o se repliega. 

—¿A eso se refiere cuando dice que "hay un lobby geopolítico sin precedentes" que le resta peso a los parlamentos y aleja el poder de la ciudadanía?

—Esto no es sólo una cuestión económica, es un tema de democracia contra los mercados. Hay una red dispuesta por los tratados bilaterales de inversión o de libre comercio que permite que las empresas mejoren sus ganancias y su capacidad de defenderse o sortear las herramientas de control de los estados. Estamos asistiendo a una expansión similar a lo que se dio en el Consenso de Washington, pero más global. El capital financiero trasnacionalizado tiene el poder de capturar a los gobiernos. Para asegurar esta captura y que no haya vuelta atrás, los tratados son una herramienta jurídica perfecta. Los nuevos tratados, los que ha firmado la Unión Europea con Canadá, los que está negociando con el Mercosur, incluyen una materia que se llama "cooperación reguladora". Se establece una suerte de comité para determinar las líneas de una legislación adecuada para el comercio. Aceptar esa "cooperación" de por sí implica una subversión a la democracia. Los gobiernos fueron elegidos por la ciudadanía de acuerdo a un programa, y no deberían renunciar a sus potestades ni compartirlas con las empresas. Pero lamentablemente el objetivo es que la seguridad del inversor pase por delante de cualquier objetivo de bienestar y desarrollo de las ciudadanías. Estas reglas implican un candado jurídico que está por encima del orden local. Los estados elevan competencias que ya no podrán volver a tener, se eliminan ámbitos de decisión y la marcha atrás será muy complicada. El asalto a las instituciones democráticas es tal que –mediante una serie de normas cuyo contenido desconocemos cuando se aprueban, porque todos estos procesos son parcial o totalmente secretos– están eliminando nuestra capacidad como ciudadanos de decidir nuestro futuro. 

—Teniendo en cuenta esto que dice, ¿qué tan intocables son las empresas trasnacionales?

—Se creen intocables, pero no lo son. Hay que seguir la ruta del dinero y ver quién recibe las ganancias. ¿Quién se beneficia de la venta de pantalones fabricados casi sin luz durante 18 horas al día de trabajo de 500 mujeres? ¿Es una empresa de Alemania, de España? Hay casos de empresas que están siendo juzgadas en distintas partes del mundo y existe algún resquicio de temor a perder la impunidad. Esto está provocando que nuestra lucha por un tratado vinculante para que estas empresas no sean impunes sea atacada cada vez con más dureza. Nunca pensamos que iba a ser un camino fácil, pero las empresas se están poniendo muy a la defensiva. Es que estamos aprendiendo a utilizar el derecho como arma contrahegemónica. Tenemos que encontrar las formas para vincular, por ejemplo, un incendio que sucede en una fábrica en Pakistán donde mueren 250 mujeres que estaban cosiendo ropa para una empresa alemana con la responsabilidad de esa empresa. Hoy todavía es difícil rastrear esa responsabilidad. Creo que la única manera de revertir esa impunidad es consiguiendo que las empresas tengan miedo de ser sancionadas y se cuiden. Que tengan que controlar todo su proceso de producción, que hasta la última mujer que teje o cose tenga derecho a la jornada laboral de ocho horas, y si no es así, que la empresa como figura jurídica y sus directivos puedan ser procesados. Que se le puedan aplicar sancionas jurídicas, administrativas, penales y civiles.

Hoy las empresas dicen que el compromiso con los derechos humanos es de los estados, que no les corresponde a ellos garantizarlos. Nosotros preguntamos en las reu-niones de trabajo ¿si las empresas tienen derechos otorgados por los distintos tratados comerciales, por qué no quieren tener responsabilidades? Ellos responden: "No es lo mismo, nosotros invertimos para que haya riqueza en el mundo". 

—¿Cree que hay chances a nivel mundial para avanzar en esta materia?

—En 2014 se aprobó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Ecuador y de Sudáfrica, que decidió el establecimiento de un grupo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas trasnacionales. La coyuntura geopolítica de 2014 no era mala. Teníamos dos estados liderando esta voluntad y teníamos una serie de aliados (el G-77 estaba a favor, Argentina y Brasil se abstuvieron, pero no se opusieron, India y Rusia votaron a favor). Todos los países de la UE, así como Japón y Estados Unidos, votaron en contra. La sociedad civil, los sindicatos, el parlamento europeo, distintas redes de parlamentarios y la doctrina académica nos hemos enfocado en hacer cosas como esto que hicimos el martes aquí, de presentar el proyecto a los legisladores y decirles que Uruguay puede tener un papel importantísimo como defensor de los derechos humanos (véase recuadro). Ahora tenemos un proyecto, un borrador cero, y podemos decir a los países que se lancen a discutir esto junto con la sociedad civil y la academia y los sindicatos. Por ahí podemos hablar de la tensión positiva. La tensión negativa es la evidente. Nadie pensó que los empresarios se iban a quedar tranquilitos y no iban a reaccionar. 

—Y el poder que tienen no es frágil…

—Claro, y han capturado actores importantísimos. La UE ha participado en todas la reuniones y ha sido el principal opositor a este proceso. Estados Unidos sólo participó una vez para decir que el proceso no iba a continuar, pero ha mandado a estados fáciles de convencer a boicotearlo. El tema es que la coyuntura política ha cambiado para peor. Los cambios en el gobierno de Ecuador y sus giros de timón en la política internacional también implican un retroceso. Yo prefiero un proceso peleado hasta el final y no aprobado que la aprobación de una norma que supone un retroceso de lo que ya hay, que son normas no vinculantes. 

—¿Cómo sería en la práctica el control a las empresas, cómo se fiscalizaría?

—Es uno de los puntos rojos del tratado que fue eliminado en la última versión de Ecuador. Lo que se proponía hace dos años era un ámbito de control supranacional que tenía dos propuestas: una de máxima, que era una corte internacional penal sobre empresas y derechos humanos, y la otra, más tradicional, que era un comité donde estuvieran representadas las víctimas y la sociedad civil. La propuesta de máxima es difícil que salga. De todas formas, tenemos que pensar y luchar por un camino alternativo que implique un cambio de paradigma. Y en ese sentido, independientemente de lo que le pase al proceso con las amenazas y los obstáculos que se le ponen, ya llevamos ganancia, porque hemos puesto en el centro de la discusión a nivel mundial la necesidad de actuar para un efectivo respeto a los derechos humanos. Aunque hoy la coyuntura no dé, este proceso será imparable. 

—Ha manifestado que en el tema de los tratados, las empresas trasnacionales y las democracias está presente la lucha de clases. ¿Podría explicar cuál es la relación?

—Estamos hablando de un capital trasnacional que acumula y se enriquece, y de unas mayorías subalternas que estamos forzadas a vender nuestro tiempo de trabajo para sobrevivir. El único enfoque que nos es útil para seguir acumulando poder de resistencia es uno transversal que nos integre a todos bajo la misma lucha, la de los gitanos, la de los obreros, la de las empleadas domésticas en España o los niños mineros en Colombia. Hay que buscar los enlaces sin perder de vista la diversidad. Pero la diversidad como un valor per se muchas veces lo que ha hecho es dividir luchas. Las personas que estamos siendo desposeídas por el fenómeno del capital global tenemos más cosas en común que las que nos diferencian. Y creo que otra cosa a favor es que el enemigo común de todos está más que claro. El otro día me preguntaron en una entrevista qué proponía yo para volver al Estado de bienestar. Y respondí que no quería volver a un estado de cosas que tiene lateralidades negativas a montones. Por ese Estado de bienestar mira cómo está el sur, y cómo están las mujeres, y cómo está el ambiente, y lo bien que les iba a las trasnacionales. Hay que volver a inventar el "qué queremos". 

Profesora titular de derecho de la Universidad de Valencia, España. Entre otras obras ha publicado, en solitario o en coautoría: La libertad de información de los trabajadores, Derecho del trabajo y defensa de la competencia, ¿Qué hacemos con la Universidad?, Educación pública, de tod@s y para tod@s: las claves de la marea verde, Lecciones sobre Estado social y derechos sociales, El huracán neoliberal. Una reforma laboral contra el trabajo, Derechos sociales, integración económica y medidas de austeridad: la UE contra el constitucionalismo social, Ttip. El asalto de las multinacionales a la democracia, El trabajo garantizado. Una propuesta necesaria frente al desempleo y la precarización, Los acuerdos comerciales como estrategia de dominación del capital. Las amenazas del Ceta y del Ttip, El Ceta al descubierto: las consecuencias del tratado entre la UE y Canadá sobre los derechos sociales, El fin de la impunidad. La lucha por un instrumento vinculante sobre empresas trasnacionales y derechos humanos.

Fuente: https://www.desdeabajo.info/economia

     n° 504

26/10/2018

Frida Khalo