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Escuadrón de la Muerte

Pedido de procesamiento para cuatro ex integrantes del Escuadrón de la Muerte


La hora señalada

A los ex integrantes del grupo parapolicial y paramilitar Miguel Sofía*, Pedro Freitas, Jorge Grau y Washington Grignoli se les atribuyen los delitos de asociación para delinquir, desaparición forzada y homicidio muy especialmente agravado. Carlos Pirán sigue como indagado y habrá nuevos interrogatorios.

Walter Pernas

“Resulta ostensible que el grupo conformado en el entorno de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), del que participaran Ernesto Motto, Washington Grignoli, Óscar Delega, Pedro Freitas, Jorge Nader, Hugo Campos Hermida, Víctor Castiglioni, Miguel Sofía, Armando Acosta y Lara, Walter Machado, Jorge Grau Saint Laurent, Ángel Crosas Cuevas, Jose Pedro Macchi y Nelson Bardesio, entre otros, se asociaron con un palmario fin delictuoso (detener, torturar y dar muerte o hacer desaparecer a miembros periféricos de la organización guerrillera así como hostigar mediante atentados al entorno de aquélla) contando con la participación directa y/o la aquiescencia de las jerarquías del Ministerio del Interior”, señala el pedido de procesamiento del fiscal Ricardo Perciballe al que accedió Brecha.
En ese contexto, Perciballe entiende que los integrantes del Escuadrón de la Muerte Sofía, Grau, Freitas y Grignoli son responsables penalmente por la desaparición forzada de Héctor Castagnetto y los homicidios muy especialmente agravados de Íbero Gutiérrez y Manuel Ramos Filippini, cometidos a principios de los años setenta, durante el período autoritario que precedió a la dictadura cívico-militar.
El fiscal destacó que se configura el delito de asociación para delinquir por haberse tratado de una “gavilla que, pese a ser integrada principalmente por agentes del Estado, operaba flagrantemente al margen del control jurisdiccional, luego del control del poder punitivo de aquél, contando a su vez con el asesoramiento y respaldo de los servicios de seguridad e inteligencia extranjeros que se encontraban operando en Uruguay, así como de los servicios de igual índole de los países limítrofes”.
De esta manera, el fiscal defiende la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el fuero nacional –asumida en primera instancia por la fiscal Mirtha Guianze y luego por su colega Ana María Tellechea–, contra la postura restrictiva de la aplicación de las convenciones internacionales aplicada por los tribunales penales uruguayos.
La justicia uruguaya, al menos por ahora, entiende que no debe aplicarse el delito de asociación para delinquir ni el de desaparición forzada para juzgar a los represores que se organizaron para secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer personas. Sólo han aplicado el delito de homicidio muy especialmente agravado, dejando a un lado la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.
El tipo de banda formada y sus acciones criminales permiten a Perciballe solicitar el enjuiciamiento de sus integrantes “en la medida que los diversos acuerdos internacionales prevén el juzgamiento y condena de aquellos que se asociaren con la intención de cometer crímenes de lesa humanidad”.
El fiscal citó, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que “reconoce una verdadera excepción al principio de irretroactividad de la ley penal”, cuando establece que ninguna disposición debe oponerse “al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.
El fiscal entiende que una excepción de esta naturaleza tiene por cometido habilitar “el enjuiciamiento y castigo de actos reconocidos como delictivos conforme a los principios generales de derecho internacional, aun cuando dichos entuertos no estuviesen tipificados al momento de su comisión por el derecho nacional”, subrayó el fiscal. Y enumeró decenas de casos internacionales de las últimas décadas en que los criminales de lesa humanidad fueron juzgados a partir de las convenciones internacionales de los derechos humanos y no sólo de acuerdo al derecho interno de cada país involucrado.

PIRÁN EN LA MIRA.

Las pruebas reunidas contra Sofía, Freitas, Grau y Grignoli surgen de abundante documentación oficial, sobre todo partes de la dnii, testimonios de varios actores políticos de la época, una vasta investigación de la historiadora Clara Aldrighi, e información aportada por la prensa en aquella y esta época, pero también de las propias declaraciones de los represores involucrados, fundamentalmente del ex agente policial Nelson Bardesio. Este integrante del Escuadrón, secuestrado e interrogado por los tupamaros, fue liberado en 1972 y mantuvo contactos con el poder político para solicitar amparo contra las eventuales represalias de la Policía, a la que había delatado en sus confesiones ante el mln sobre las acciones criminales del Escuadrón. Bardesio finalmente logró escapar al exterior –con ayuda de la cia–, donde se mantuvo oculto durante 36 años hasta que, en 2008, una investigación de Brecha logró ubicarlo en Buenos Aires, donde está detenido y en proceso de extradición a solicitud de Uruguay (véanse Brecha, 24-VII-08 y 25-VII-08).
El fiscal sostuvo que si bien las “manifestaciones en el marco de un cautiverio” podrían “desacreditar” tales declaraciones ante los tupamaros, “no puede soslayarse que Bardesio corroboró las mismas en diversas instancias y en especial frente a connotados representantes políticos de la época, lo que permite colegir sin hesitación que ellas son el fiel reflejo de la realidad”. Entre esos “connotados representantes políticos”, Perciballe cita a Héctor Gutiérrez Ruiz, Wilson Ferreira Aldunate, su hijo Juan Raúl, Carlos Julio Pereyra y al coronel Ramón Trabal.
Pero además, “es dable corroborar un número significativo de correspondencias entre las declaraciones de Bardesio, en las actas ante los tupamaros (…) con otros elementos de prueba”, como por ejemplo “concordancias referente a: personas, funciones, modus operandi, objetos, circunstancias, etcétera, que permiten colegir que las mismas son un fiel reflejo de la realidad”.
Varias de esas correspondencias se dieron en los relatos de Bardesio y Freitas respecto de la forma en que fue secuestrado, torturado y desaparecido Castagnetto. Bardesio había nombrado, entre otros, a Freitas y Sofía en el hecho;; Freitas apuntó a Bardesio y Sofía y, según el fiscal, “en forma oblicua termina reconociendo su participación en la desaparición de Castagnetto”.
Bardesio menciona a “dos civiles formando parte del Comando Caza Tupamaros, Sofía y el paraguayo Ángel Pedro Crosas, y su vínculo con la jup y con el que fuera en su momento subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara, y efectivamente se pudo corroborar los vínculos existentes entre aquéllos y éste”.
El fiscal describe que a mediados de 1971 se conformó “un grupo más selecto” para reprimir clandestinamente a los tupamaros, bajo las órdenes de “Acosta y Lara (asesinado el 14 de abril de 1972 por un comando del MLN)”.
A tales efectos, continúa el fiscal, el coronel Walter Machado (fallecido), que desde 1970 se desempeñaba como ayudante militar en el Ministerio del Interior, conecta a Bardesio con los integrantes de la jup Crosas Cuevas y Sofía, quienes junto a Freitas y Grau se reúnen inicialmente en la Oficina de Estadística y Contralor y Difusión, ubicada en el propio Ministerio del Interior bajo las órdenes de Grau. A juicio del fiscal, en ese local comenzaron las primeras coordinaciones para pasar a la segunda etapa de enfrentamiento con el mln que, según la versión de Bardesio, se denominó con el eufemismo de “acción psicológica violenta”, pero que en los hechos “no era más que dar muerte vilmente a jóvenes periféricos de la organización como forma de sembrar terror en los círculos estudiantiles de izquierda que por esa fecha se acercaban al mln para incorporarse al mismo”.
Luego de estos encuentros se dio una reunión en el estudio fotográfico Sichel, “regenteado por Bardesio, donde en definitiva quedó conformado el Escuadrón de la Muerte, grupo que, a la sazón, junto a los anteriores llevaría a cabo los asesinatos que hoy nos convocan”.
El fiscal solicitó la captura internacional de Crosas Cuevas, pero los datos extraoficiales indican que estaría muerto. De todas maneras se esperará la confirmación oficial.
Perciballe afirma que Carlos Pirán tuvo una actuación preponderante en “la formación y consolidación del grupo conformado por Bardesio, Benítez, Rodao, Quinalbar Sosa, Silvera Techera y Lamenza, que se dedicara a efectuar atentados contra personas de izquierda vinculadas, tangencialmente, a la organización guerrillera”. Pero sostiene que de momento no se solicitará responsabilidad para Pirán porque desconoce “si fue factótum por vía de acción o de omisión de las andanzas del otro grupo dedicado ya no a atentar contra las propiedades sino contra las personas, hecho que se deberá continuar investigando y por el que se solicitan nuevas pruebas”.
Tampoco se solicita, “en estos momentos”, responsabilidad para los indagados Benítez, Rodao, Lamenza, Quinalbar y Silvera Techera, porque aún “se desconoce” si además de su participación en “atentados a los bienes de personas relacionadas a la organización guerrillera, también continuaron al servicio del otro grupo operativo”. El fiscal entendió que integraron la asociación para delinquir “con la finalidad de cometer los atentados descritos”, pero que al no configurar hipótesis de crímenes de lesa humanidad “ha operado la prescripción a su respecto”. Pero Perciballe pide que sean citados nuevamente a la sede judicial.
La prueba tampoco resultó suficiente, a juicio del fiscal, para atribuir a los indagados responsabilidad en la desaparición de Abel Ayala, pero asegura que se debe seguir reuniendo prueba a fin de “echar luz” sobre los “responsables de tan viles crímenes”.
Ahora deberá expedirse la jueza Graciela Eustachio.

* Versiones recogidas por Brecha al cierre de esta edición indicaban que Sofía habría salido del país a principios de este mes.

 

Fuente: BRECHA


Perciballe habló de su pronunciamiento


El fiscal Ricardo Perciballe afirmó a Montevideo Portal que el pedido de procesamiento a un civil y tres policías por homicidio y desaparición forzada es el resultado de cuatro años de investigación. Miguel Sofía será llevado ante el jueza Graciela Eustachio, que aun no fijó audiencia.
Los acusados son el empresario Miguel Sofía, el inspector Pedro Freitas y otros dos policías vinculados con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), por un delito de desaparición forzada y dos de homicidio muy especialmente agravados. Están acusados de pertenece a un "escuadrón de la Muerte" en la década de 1970.

En conversación con Montevideo Portal el fiscal Ricardo Perciballe destacó que se llegó al pedido de procesamiento con prisión de tres policías y un civil luego de “cuatro largos años de investigación, en los que se tomaron testimonios, se respondieron oficios y se recogió material”.

Consultado por la situación de Nelson Bardesio, el fiscal afirmó que sobre él recae un pedido de extradición que está en proceso y si se concreta será interrogado por el juez de la causa, informando que hasta el momento no se le ha tomado declaración por parte de la Justicia uruguaya, posibilidad que se había manejado en un momento.

En cuanto a la orden de captura internacional de Nelson Crosa Cuevas, Perciballe afirmó que la orden de captura ya había sido pedido y lo que se hizo fue reiterarla.

El médico paraguayo Nelson Crosas Cuevas. Es considerado como uno de los creadores del escuadrón y nexo directo con el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Armando Acosta y Lara.

Según publica el diario La República, los documentos incorporados al expediente vincularían la creación del Escuadrón con el ajusticiamiento del ex agente de la CIA, Dan Anthony Mitrione por parte del MLN-T.

Además, el dictamen del fiscal identifica entre 10 y 12 ex integrantes de la organización con participación en los atentados, cómo se consolidó la organización, centros de reunión, capacitación y su metodología de acción.

Antecedentes

La causa comenzó con la investigación de la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto en agosto de 1971. Luego se amplió con los casos de Abel Ayala y los asesinatos de Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos Filippini.

El cuerpo de Gutiérrez fue abandonado en un baldío cerca de la intersección de Camino de las Tropas y camino Melilla, con fracturas múltiples y 13 impactos de bala. A su lado, un cartel decía: "Vos también pediste perdón. Bala por bala. Muerte por muerte. Comando Caza Tupamaros".

Alias "José

Miguel Sofía fue uno de los principales referentes de la organización ultraderechista Juventud Uruguaya de Pie (JUP), durante los años previos al golpe de Estado.

Sofía, conocido por el alias "José" dentro de la organización parapolicial, era hombre de confianza del subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara.

Luego del golpe de Estado, Sofía se desempeñó como diplomático, al ser designado como jefe de la sección de pasaportes de Relaciones Exteriores y funcionario de confianza en la Embajada de Uruguay en Estados Unidos.

Sofía adquirió la concesión de varias ondas de radio y fue propietario de Emisora del Plata. Luego adquirió otras radios y conformó Grupo del Plata, vendido por varios millones de dólares a un grupo mexicano.

Montevideo Portal