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Proponen un Ingreso Ciudadano para todos los habitantes del país

El Centro Cuyano de Estudios, Análisis e Investigación sobre Ingreso Ciudadano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo explica una propuesta que está haciendo eco en todo el mundo y que, aseguran, permitiría dar el primer paso en la construcción de una sociedad que garantice a sus ciudadanos las condiciones materiales para su libertad.

 

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La iniciativa, si bien no eliminará a los ricos, achicaría la distribución del ingreso.

El Ingreso Ciudadano (IC) es una propuesta que ha sido esbozada en forma muy parcial en las últimas elecciones, a modo de eslogan, pero sin un fundamento sólido detrás de la misma de parte de los candidatos. Es por eso que aquí el Centro Cuyano de Estudios, Análisis e Investigación sobre Ingreso Ciudadano (CCIC) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo y la Universidad Nacional de San Juan aventan todas las dudas que suscita el fascinante debate en torno a dicha propuesta.

¿cómo se instituyó el ccic?

Este Centro nace porque el siglo XX trascenderá, entre otros aspectos, como el siglo en el cual se proclaman y legitiman los derechos humanos universales, pero entendemos que el siglo XXI debiera de trascender como aquel que logre conquistar de manera universal las condiciones materiales para el pleno ejercicio de estos.  Ante esto, las preguntas que nos surgían son: ¿cuáles son y cómo deben garantizarse esas condiciones materiales de existencia autónoma?, ¿se puede ser verdaderamente libre cuando las condiciones materiales de nuestra existencia nos son ajenas?, ¿tenemos derecho a que las condiciones para nuestra libertad sean materializadas?  Es en función de todas estas preguntas que surgió el CCIC en la órbita de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.

¿qué es el ic?

Desde una perspectiva amplia, el IC es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de ingresos y sin importar con quién conviva.

El IC le corresponde a cada miembro de pleno derecho de la sociedad. Como enseña la historia, el acceso a los derechos de ciudadanía no se realiza de forma inmediata, sino que requiere de un proceso gradual. Esto es, por ejemplo, lo que sucedió con el sufragio universal. Así, hay varias formas parciales de avanzar hacia este derecho pleno, por ejemplo, comenzando por un determinado grupo de edad, pero lo relevante es el reconocimiento de un derecho incondicional a un ingreso. 

¿qué no es? El IC no debe confundirse con planes sociales condicionados, por el contrario, el IC se plantea como un derecho de ciudadanía universal e incondicionado. El IC no es una subvención, un subsidio o un seguro condicionado ni presupone la satisfacción de algún requisito, por ejemplo, demostrar un determinado estado de pobreza, estar buscando trabajo remunerado o haber perdido el empleo. Esta característica tan distintiva del IC, la de no estar condicionada a requisito alguno, lo distingue claramente, por poner solamente algunos ejemplos, del subsidio de desempleo, la jubilación contributiva o los programas como Jefes y Jefas de Familia argentinos.

¿a qué problemas socioeconómicos daría respuesta el ic?

El IC, en la medida en que constituye una forma de acceso a un ingreso independiente de la realización de un empleo remunerado, resulta altamente apropiada para sociedades con elevados y persistentes problemas de concentración y redistribución de los ingresos, de desempleo y de descontento relativo a las formas de trabajo y en donde las medidas tradicionales para la lucha contra tales problemas se han mostrado en ineficaces. La precariedad laboral y las desfavorables condiciones de trabajo no afectan de igual manera a todas las capas de la población trabajadora. Los jóvenes y las mujeres concentran los índices más elevados de desempleo y precariedad.

Las nuevas circunstancias económicas y sociales que rodean los fenómenos de la pérdida de empleo que castiga cada vez a un mayor número de colectivos sociales –mujeres, familias monoparentales, jóvenes y mayores de 50 años, entre otros– y la creciente dificultad para superar las situaciones de pobreza por vía del empleo han superado los planteamientos en los que se asientan los actuales sistemas de subsidios condicionados y no universales, por lo que se evidencia la necesidad de plantear y proponer alternativas de políticas públicas que hagan frente a las causas de tales problemas sociales.

¿podría desaparecer la pobreza con el ic?

Con un IC de monto suficiente como para cubrir las necesidades básicas, no hay duda de que esta  desaparecería. Además, el IC contribuiría a tratar con mayor eficacia las causas no económicas (muchas veces olvidadas) de la exclusión social. Pero debe tenerse siempre presente que la pobreza no es sólo privación y carencia material. Es también dependencia del arbitrio o la codicia de otros, quiebra de la autoestima, aislamiento y compartimentación social de quien la padece. Un IC permitiría más libertad para la ciudadanía, haría que los desempleados y los excluidos fueran capaces de forjar autónomamente las bases materiales de su existencia social.

¿qué ventajas presenta el ic con respecto a otras propuestas?

El IC se caracteriza por ser universal (en oposición a los subsidios focalizados y condicionados), por su importante simplicidad administrativa, por su carácter preventivo de la exclusión social, por sus incentivos al empleo (al romper con la trampa del desempleo) y por su capacidad para evitar cualquier tipo de estigmatización social.

Los subsidios focalizados (como el Plan Jefes y Jefas de Hogar) tienen altísimos costos administrativos, en proporción al presupuesto general del programa condicionado. El IC representa una simplificación administrativa, como han reconocido, incluso, algunos de sus críticos.

Esta característica es crucial si consideramos la eficiencia de las políticas sociales ya que, al disminuir enormemente los costos burocráticos de las políticas sociales, más dinero podría ser destinado a los ciudadanos, logrando un impacto mucho mayor en la lucha contra la pobreza. El IC se garantiza ex ante, los subsidios condicionados, en caso de poder tener acceso a ellos, ex post.

Ello convierte al IC en una medida esencialmente preventiva de la exclusión. La incondicionalidad del IC trae consigo también la promesa de erradicar o mitigar diversas prácticas asistenciales fundadas en el clientelismo y los diversos y nocivos efectos conocidos de este: formación de una burocracia parasitaria, formal o informal, y robustecimiento de las relaciones de dependencia. Y aun hay que decir, finalmente, que el IC permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado.

¿puede financiarse un ic?

Hay varios estudios realizados por la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic) que demuestran cómo financiarlo. Algunas fuentes de financiamiento pueden ser: primero, la eliminación del régimen actual de rentas exentas donde el objetivo es doble. Por un lado, se ampliaría la base tributaria del Impuesto a las Ganancias, incorporando como sujeto del mismo a la totalidad de los ingresos de las personas.

Por otro lado, se mejoraría tanto la equidad horizontal (igual carga tributaria por igual ingreso) como la equidad vertical, ya que permitiría implementar criterios efectivos de progresividad (a mayor ingreso, mayor carga tributaria). Segundo, la eliminación del régimen de deducciones.

Los actuales créditos fiscales no reembolsables por las deducciones permitidas se remplazarían por un pago directo del IC, que funcionaría como un crédito fiscal efectivo. Tercero, la unificación del concepto de mínimo no imponible, estableciendo un valor monetario uniforme.

El objetivo es la unificación de los mínimos no imponibles, que también actúan como deducciones. El efecto sería ampliar el número de contribuyentes efectivos y mejorar las condiciones de equidad del sistema, tanto desde una perspectiva horizontal como vertical. Cuarto, reformar del régimen de contribuciones sociales de los trabajadores autónomos, con el objeto de gravar los ingresos efectivamente percibidos, en vez de las rentas presuntas de importes fijos, como en el caso de los autónomos. Quinto, aplicar mejoras de la administración tributaria.

Las reformas que se proponen tienden a simplificar notoriamente las normas del impuesto a las ganancias como así también a aumentar las condiciones de transparencia y de equidad. Ello debería redundar en impactos positivos en la recaudación, particularmente porque se simplificaría la administración tributaria y mejorarían las condiciones para controlar más eficazmente la evasión. Sexto, la inclusión de los gastos tributarios, los cuales no justifican qué beneficios tienen desde el punto de vista de la inversión y en la actualidad significan 2,14% del PBI (estos son los incluidos en el Presupuesto nacional 2009). Hay que verificar cuánto es lo que no está incluido en el presupuesto.

Hay que considerar estos gastos a nivel provincial, que no están considerados en el porcentaje citado (en el caso de Mendoza significan aproximadamente 400 millones de pesos en el 2007, por ejemplo). Y séptimo, la ineficiencia del gasto público. Se deberían revisar cómo y en qué se gasta, los precios, sobre todo en lo que respecta a los gastos fiduciarios (fundamentalmente los subsidios). 

¿cómo influiría un ic en las negociaciones salariales?

Un IC suficiente para garantizar la supervivencia de los individuos conferiría una mayor fuerza negociadora a la parte más débil de la relación laboral, pues esta, segura en cuanto a la continuidad de unos recursos mínimos, podría amenazar con romper las negociaciones con mayor realismo y credibilidad. Así, un IC dotaría a los trabajadores de determinados niveles de independencia económica respecto de los empleadores, con lo que la relación laboral se tornaría menos asimétrica y la subsistencia del trabajador y su familia dejaría de estar librada a la voluntad del empleador.

¿ayudaría el ic a crear una sociedad más igualitaria?

Acompañar al IC con un sistema tributario progresivo, sumado al aumento del poder de negociación de la parte débil del contrato laboral, sin lugar a dudas, ayudaría a la construcción de una sociedad más igualitaria y con mejores condiciones para ejercer su libertad.  Toda medida profunda de política económica tiene ganadores y perdedores; toda medida de redistribución de la riqueza implica, a grandes rasgos, sacar de un lado para poner en otro. Los actuales procesos económicos demuestran una tendencia centralizadora que permite la acumulación de capital de parte de unos pocos.

Con un IC financiado mediante mecanismos progresivos de recaudación se mermarían las ganancias de los más ricos (aunque seguirían siendo ricos), mientras que la enorme mayoría de la sociedad mejoraría su situación con respecto a la actualidad. Es preciso afirmar con énfasis que el IC no sería en absoluto un sustituto del conjunto de los servicios públicos que actualmente presta el Estado.

En efecto, el IC sólo sustituiría las prestaciones monetarias actualmente existentes en la medida en que estas se encuentren por debajo de la cuantía fijada para el IC. Por el contrario, todos los servicios en especie que brinda el Estado –la sanidad, la educación, los servicios sociales, entre otros– deberían mantenerse en los mismos términos, con la ventaja de que la existencia de una IC constituiría una base más sólida para prestarlos con mayor eficacia.

se plantea un ic universal pero, dados los problemas fiscales imperantes en nuestro país, ¿se puede comenzar por algo más acotado para luego progresivamente llegar a esa meta?

Sí, totalmente. El vivo ejemplo de ello lo da nuestro hermano país de Brasil. El 8 de enero del 2004, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó la ley 10.385/04, aprobada por el Congreso, en la cual se instruye la implementación progresiva del IC (o Renta Básica de Ciudadanía, como se lo conoce en ese país). La misma estipula la implementación progresiva de un IC empezando por los más necesitados hasta alcanzar a la totalidad de los ciudadanos.

En base a nuestros estudios y otros realizados por Rubén Lo Vuolo y Alberto Barbeito, nuestro país está en condiciones de implementar ya un IC Universal para la Niñez (Incini). La mayoría de los niños (64%) es pobre y la mayoría de los pobres está compuesta por niños, no olvidemos nunca eso. También podría implementarse un IC Universal para las personas mayores de 65 años (Incima).

Ellas son la población adulta más débil de nuestro país. Y todo ello es posible, incluso implementarlo desde un municipio o provincia como Mendoza (esto constituye la base de nuestros estudios). Ejemplos mundiales ya en marcha nos lo indican. Sólo hace falta una gran decisión política y colectiva para implementarlo.

¿pueden ampliar la idea de un ic como derecho constitutivo de la ciudadanía?

Carece de sentido hablar de ciudadanía a principios del siglo XXI, cuando la enorme mayoría de las personas no posee las condiciones materiales mínimas para poder articular planes de vida propios y llevarlos efectivamente a la práctica.  Un IC podría garantizar las condiciones materiales para el ejercicio de una ciudadanía plena y una verdadera democracia.

El sistema de protección social actual lleva adelante un juego perverso que manipula la necesidad de subsistencia de las personas a través de prácticas “clientelares” que violan no solamente sus derechos políticos básicos, sino que, en conjunto, también destruyen los cimientos mismos de las democracias modernas: ciudadanos verdaderamente libres que participan en los asuntos públicos en búsqueda de un proyecto de común.

Sin libertad no hay democracia, sin democracia no hay verdadera libertad; sin las condiciones materiales para la libertad garantizadas, ningún gobierno, ninguna sociedad, puede pretenderse democrática.  Al igual que el sufragio universal hace un siglo aproximadamente, la idea de garantizar políticamente la subsistencia digna a la ciudadanía de un Estado democrático, por el simple hecho de ser ciudadanos y ciudadanas, constituye hoy una propuesta de tanta fuerza normativa que bien puede acabar barriendo todas las consideraciones de oportunidad que se le puedan oponer.

Existen muchas posturas por las cuales defender un acceso universal al ingreso: la perspectiva del ingreso mínimo de subsistencia como derecho humano, la necesidad de una red de protección universal como condición para el desarrollo de la libertad y la democracia, la importancia de un sistema de protección universal que garantice el involucramiento en el sistema económico, entre muchas más.

Pero solamente quisiéramos remarcar una, la moral: es profundamente inmoral vivir en una sociedad donde coexisten la miseria y la exclusión con la riqueza y la usura; es inmoral cualquier aceptación de la pobreza entendiéndola como un elemento dado e ineludible de cualquier sistema social; es inmoral (y ni qué decir absolutamente anticientífico) pretender justificar la existencia de la pobreza por cualidades fenotípicas del pobre; es inmoral pretender la existencia de libertad e igualdad cuando es innegable la existencia de pobreza y exclusión.  El IC no es un remedio mágico para los problemas de la sociedad, pero sí un derecho que nos permite imaginar una sociedad distinta, un futuro mejor no sólo para nosotros y nuestros hijos, sino también para todos los argentinos.  Un futuro mejor es posible y está al alcance de todos, solo hay que tener la osadía de luchar para conseguirlo.

Cómo puede financiarse un IC

∆En la eliminación del régimen actual de rentas exentas ampliando la base tributaria del impuesto a las ganancias, incorporando como sujeto del mismo a la totalidad de los ingresos de las personas, lo que mejoraría la equidad horizontal.

∆La eliminación del régimen de deducciones. Los actuales créditos fiscales no reembolsables por las deducciones permitidas se remplazaría por un pago directo del IC que funcionaría como un crédito fiscal efectivo.

∆Por la unificación del concepto de mínimo no imponible, estableciendo un valor monetario uniforme.

∆Reformar del régimen de contribuciones sociales de los trabajadores autónomos con el objeto de gravar los ingresos efectivamente percibidos en vez de las rentas presuntas de importes fijos, como en el caso de los autónomos.

∆Aplicar mejoras de la administración tributaria. Las reformas que se proponen tienden a simplificar notoriamente las normas del impuesto a las ganancias como así también a aumentar las condiciones de transparencia y de equidad.

∆La inclusión de los gastos tributarios, los cuales no justifican qué beneficios tienen desde el punto de vista de la inversión y en la actualidad significan 2,14% del PBI (estos son los incluidos en el Presupuesto nacional 2009). Hay que verificar cuánto es lo que no está incluido en el presupuesto.

∆La ineficiencia del gasto público. Se deberían revisar cómo y en qué se gasta y los precios, sobre todo en lo que respecta a los gastos fiduciarios (fundamentalmente, los subsidios).

 

Fuente: Diario El Sol. Mendoza