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Asesinado defensor de derechos humanos en La Macarena Meta
por dhbajoariari


Asesinado JHONNY HURTADO presidente del Comité de Derechos Humanos de la verda La Catalina, La Macarena Meta

Bogotá marzo 16 2010 -1:20 p.m. Siendo aproximadamente las 4:00 p.m. del día de ayer (marzo 15/2010) fue asesinado el presidente del Comité de Derechos Humanos de la verda La Catalina, La Macarena Meta, JHONNY HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No 17.625.833 de Villavicencio (meta), Hutado tenía de 59 años de edad. Según los testigos «la víctima se encontraban desarrollando labores agrícolas en su parcela distante a 1 hora -a pie- del centro poblado de Puerto Catalina, cuando escuchó un disparo de arma de fuego, Jonny alcanzó a andar unos 30 metros cayo y luego murió. La Comisión de Derechos Humanos y D.I.H. del Bajo Ariari precisó:» Existe preocupación en toda la región del río Guayabero, porque la zona esta militarizada y según lo denunciado por esta Comisión; unidades militares han esbozado sindicaciones y amenazas contra líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos, la presión indebida de unidades militares de la Brigada Móvil No 7 adscritas a la Fuerza de Tarea Omega y de otras unidades es constante, entre otras violaciones, es reiterada: la ocupación de los centros poblados, retenes, empadronamiento, sindicaciones, amenazas etc. Preocupan a la comunidad en general. Todo esto sumado a el horrendo crimen de que fue objeto nuestro compañero JHONNY HURTADO llena de dolor y mucha preocupación al colectivo de Defensores de Derechos Humanos, de DH Bajo Ariar". La víctima había denunciado a finales de diciembre de 2009 graves violaciones de derechos humanos en la región «Cabe anotar que nuestro compañero JHONNY HURTADO, era un destacado líder social y defensor de Derechos Humanos, que en varias ocasiones fue delegado por la comunidad para encarar las denuncias e inquietudes de la comunidad en el tema de Derechos Humanos y en reciente visita de personas de la organización Justicia por Colombia, parlamentarios, sindicalistas y demás personalidades inglesas al Municipio de la Macarena (Meta), hizo parte de la delegación de campesinos, líderes comunales y Defensores de Derechos Humanos. Que dieron a conocer vulneraciones de Derechos Humanos en la zona del Rio Guayabero y demás regiones aledañas», precisa el comunicado emitido por la organización campesina de derechos humanos.

 

 

 

 

Información
Justicia e impunidad

 

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Col - Las amenazas contra la vida de jueces de la Corte Suprema son la máxima expresión del intento de paralizar las investigaciones que afectan a aforados relacionados con organizaciones paramilitares y del narcotráfico.

i) Declaración del Equipo Nizkor ante las graves amenazas denunciadas por la Corte Suprema de Colombia.

Fichero AudioCol - Declaración del Equipo Nizkor ante las graves amenazas denunciadas por la Corte Suprema. (Equipo Nizkor). Radio Nizkor, 14Mar10

El pasado jueves 04mar10, la Fiscalía General de Colombia informó al pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre el descubrimiento de un nuevo plan de exterminio contra algunos magistrados de ese alto tribunal.

Ese mismo día, la Sala Plena de la Corte emitió un comunicado en el que denunció la existencia de una "estrategia de amedrentamiento" contra la corporación, así como la "discreta apatía" de las otras ramas del poder público colombiano frente a la gravedad de los hechos conocidos, que no pueden ser considerados como un "episodio cualquiera", dada la importancia de los procedimientos que se sustancian ante la Corte en la actualidad en contra de políticos, paramilitares y narcotraficantes por la comisión de crímenes contra la humanidad en ese país.

En atención a lo anterior, el Equipo Nizkor ha emitido una declaración manifestando su respaldo a la Corte en estos momentos con relación a las amenazas y agresiones sistemáticas contra el máximo tribunal de la justicia ordinaria en Colombia, por considerar que éstas tienen su origen en lo que hemos denominado el ataque del Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia.

En dicha Declaración, el Equipo Nizkor sistematiza los antecedentes y el contexto de la situación desde el año 2005, en que los magistrados e investigadores de la Corte Suprema se convirtieron en objetivo de espionaje ilegal y acciones de "inteligencia ofensiva" por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), policía secreta de Colombia, dependiente jerárquica y funcionalmente del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Coincidieron dichas acciones criminales contra la Corte con el inicio de las investigaciones a congresistas, ex congresistas, gobernadores y otros servidores públicos por sus nexos con el paramilitarismo, lo que en derecho internacional se conoce como integración en empresa criminal conjunta y que en Colombia se ha dado en denominar como el proceso de la "parapolítica"...

La denuncia de este nuevo plan de persecución y amenazas se produce poco después de importantes condenas dictadas por la Corte, como la impuesta al gobernador de Sucre y ex consejero de la Embajada de Colombia en Chile con el actual Gobierno, Salvador Arana Sus; o las pronunciadas contra el ex congresista conservador, Gonzalo García Angarita y el ex senador Vicente Blel Saad por sus nexos con el paramilitarismo... Asimismo, el 27ene10, la Corte condenó a dos paramilitares a penas de 40 y 20 años de prisión por la masacre de cuatro indígenas Kankuamos...

El 01feb10, la Corte dio inicio al juicio contra el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, por el homicidio de dos sindicalistas, un defensor de derechos humanos y una periodista, ocurridos en el año 2003. En el marco de este proceso, la opinión pública ha conocido que el DAS entregaba semanalmente informes sobre la actividad sindical al presidente de la República...

El 17feb10, la Corte negó la extradición a los Estados Unidos del jefe paramilitar Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, quien está siendo investigado por las masacres de Manpujan y Las Brisas... La Corte, en el marco de este procedimiento de extradición, consideró que cuando los hechos pueden revestir el carácter de crímenes contra la humanidad, tienen éstos, en su calidad de crímenes graves bajo el derecho penal internacional, preeminencia sobre los delitos de narcotráfico...

El 24feb10, la Corte Suprema de Justicia emitió resolución de acusación (llamamiento a juicio) por concierto para delinquir contra el ex senador Mario Uribe Escobar, primo hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, y gran aliado suyo a lo largo de su carrera política. La Corte consideró que Mario Uribe Escobar tomó parte activa en el plan de expansión política del paramilitarismo...

"No cabe duda de que los actos intimidatorios y las amenazas sistemáticas que desde hace varios años se han cernido sobre la Corte Suprema colombiana corresponden a una estrategia que busca atemorizar al máximo tribunal de justicia. Este tribunal es el encargado de investigar y juzgar a congresistas y ex congresistas, así como a altos funcionarios del Estado, en procesos que apuntan a develar el accionar de una vasta empresa criminal que, en alianza con narcotraficantes y paramilitares, desde el año 2002, se hizo con el control de grandes porciones de las tres ramas del poder público en Colombia...

Al tiempo que manifestamos nuestro respaldo a la Corte Suprema, expresamos nuestro deseo de que ésta no claudique en la búsqueda de la verdad y la justicia frente a los graves hechos que investiga y juzga...

Solicitamos a los gobiernos miembros de la Unión Europea, y especialmente al Gobierno español, que asuman la responsabilidad política y jurídica de haber protegido durante años la estructura organizada por el Presidente Uribe..."

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ii) Declaración ante las graves amenazas contra la Corte Suprema colombiana.

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El pasado jueves 4 de marzo de 2010, la Fiscalía General de Colombia informó al pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre el descubrimiento de un nuevo plan de exterminio contra algunos magistrados de ese alto tribunal.

Ese mismo día, la Sala Plena de la Corte emitió un comunicado en el que denunció la existencia de una "estrategia de amedrentamiento" contra la corporación, así como la "discreta apatía" de las otras ramas del poder público colombiano frente a la gravedad de los hechos conocidos, que no pueden ser considerados como un "episodio cualquiera", dada la importancia de los procedimientos que se sustancian ante la Corte en la actualidad en contra de políticos, paramilitares y narcotraficantes por la comisión de crímenes contra la humanidad en ese país.

La Corte solicitó la solidaridad de la sociedad civil en defensa de la labor de los jueces y el Estado de Derecho en Colombia, amenazados una vez más por la acción de las mal llamadas "fuerzas oscuras" que intentan impedir el enjuiciamiento de los responsables de graves crímenes cometidos en Colombia.

En atención a lo anterior, manifestamos nuestro respaldo a la Corte en estos momentos con relación a las amenazas y agresiones sistemáticas contra el máximo tribunal de la justicia ordinaria en Colombia, por considerar que éstas tienen su origen en lo que hemos denominado el ataque del Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia.
[Ver información cronólogica ordenada desde mayo de 2006 en la página especializada http://www.derechos.org/nizkor/colombia/justicia/justiciamain.html#cs

ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA SITUACIÓN

1) Desde el año 2005, los magistrados e investigadores de la Corte Suprema se convirtieron en objetivo de espionaje ilegal y acciones de "inteligencia ofensiva" por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), policía secreta de Colombia, dependiente jerárquica y funcionalmente del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Coincidieron dichas acciones criminales contra la Corte con el inicio de las investigaciones a congresistas, ex congresistas, gobernadores y otros servidores públicos por sus nexos con el paramilitarismo, lo que en derecho internacional se conoce como integración en empresa criminal conjunta y que en Colombia se ha dado en denominar como el proceso de la "parapolítica".

2) En noviembre de 2006 comenzaron las llamadas amenazantes contra la Corte. En aquel momento el objetivo de los insultos y amedrentamientos fue uno de los magistrados auxiliares del magistrado Alfredo Gómez Quintero, de la Sala Penal.

3) En febrero de 2007, el ex presidente de la Corte, magistrado Yesid Ramírez Bastidas, recibió diversas llamadas amenazantes.

4) En mayo de 2007, varios magistrados de la Sala Penal recibieron nuevas llamadas de amenazas e intimidaciones.

5) En julio de 2007, cuando la Corte emitió una importante sentencia en la que sentó jurisprudencia respecto a la diferenciación jurídica entre los delitos políticos y los delitos cometidos por los grupos paramilitares, el alto tribunal fue blanco de fuertes señalamientos verbales por parte del presidente Álvaro Uribe, en un enfrentamiento inédito en la institucionalidad colombiana.

6) Entre septiembre y octubre de 2007, tras la vinculación mediante indagatoria del senador Mario Uribe, primo hermano del presidente Álvaro Uribe, al proceso de la "parapolítica", se gestó en la Casa de Nariño un nuevo montaje contra la Corte Suprema a través de un paramilitar conocido con el alias de Tasmania, quien después se retractaría de sus acusaciones contra la Corte (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/ivan1.html) y, en particular, contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, principal investigador de ese proceso.

7) En octubre de 2007, se recibieron llamadas en las que desconocidos amenazaban con detonar una bomba en el colegio donde estudia la hija de la magistrada de la Sala Penal, María del Rosario González de Lemos, lo que obligó a evacuar el centro educativo. No obstante, desde el ejecutivo y algunos organismos de seguridad del Estado aún hoy se duda de la veracidad de dicha amenaza, pese a que la Procuraduría General de la Nación ha establecido que ésta sí se produjo. Meses después, el vehículo del esquema de seguridad de la magistrada González fue saboteado.

8) En noviembre de 2007, la Policía Nacional le retiró el esquema de seguridad en forma injustificada al magistrado auxiliar Iván Velásquez, jefe de la comisión de investigadores de los procesos de la "parapolítica". Ante las denuncias de la Corte, el servicio de seguridad le fue devuelto.

9) En enero de 2008, el presidente Álvaro Uribe Vélez interpuso denuncia por injuria y calumnia contra el magistrado César Julio Valencia Copete, a la sazón presidente de la Corte Suprema de Justicia, por declaraciones concedidas al diario El Espectador, en un claro ataque contra la independencia judicial y la libertad de expresión.

10) El 10 de abril de 2008, la Corte, de conformidad con la doctrina del derecho penal internacional, conceptuó en sentencia de segunda instancia que el concierto para delinquir con fines de paramilitarismo constituye un crimen contra la humanidad.

11) En agosto de 2008, altos funcionarios de la Presidencia de la República, entre quienes se encontraban el secretario jurídico Edmundo del Castillo, y de prensa, César Mauricio Velásquez, así como varios miembros del DAS, se reunieron en la sede presidencial con portavoces y miembros del paramilitarismo, quienes desde el mes de diciembre de 2007 buscaban perjudicar penalmente una vez más a los miembros de la Corte Suprema por sus investigaciones sobre la "parapolítica" (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/paras4.html).

12) En septiembre de 2008, el presidente Álvaro Uribe atacó nuevamente a la Corte Suprema, esta vez por haberle concedido el beneficio de prisión domiciliaria a la ex congresista Yidis Medina, quien confesó haber aceptado prebendas y sobornos por parte de altos funcionarios del Ejecutivo a cambio de su voto favorable a la reelección, hecho que generó nuevas investigaciones contra congresistas y funcionarios del Estado, proceso conocido como de la "yidis-política". Por su parte, el ministro del Interior, Fabio Valencia, acusó al entonces presidente de la Corte, Francisco Ricaurte, de "obrar de mala fe", por sus críticas al proyecto de reforma de la justicia, que buscaba la creación de una "supercorte" para investigar a políticos y altos funcionarios del Estado.

13) En febrero de 2009, la revista Semana denunció que el DAS llevó a cabo durante varios años labores de espionaje contra magistrados de las altas cortes, periodistas y líderes de la oposición.

14) En agosto de 2009, la Corte denunció nuevas amenazas en su contra, esta vez a través del envío de un sufragio con intimidaciones al entonces presidente de la Sala Penal de esa corporación, magistrado Julio Enrique Socha Salamanca. De igual manera, se conocieron informaciones respecto a posibles atentados contra los magistrados. Todo esto sucedió dos meses después de la condena a dos ex congresistas por la "yidis-política".

15) En septiembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia frente al delito de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, anteriormente calificado como crimen contra la humanidad, en el caso de los llamados "parapolíticos" http://www.radionizkor.org/colombia/#cch1. La Sala Penal determinó, de acuerdo con la doctrina internacional, que éstos pertenecieron a una "estructura criminal integrada por un número plural de personas articuladas de manera jerárquica y subordinada a una organización criminal", y que "quien así participó, inclusive valiéndose de su función, también debe responder penalmente por el conjunto de crímenes que se le atribuyen a los comandantes o jefes de los bloques, frentes o unidades que hacían parte de la asociación criminal". Esta jurisprudencia incidirá necesariamente en los juicios que, por nexos con grupos paramilitares, se sustancian ante la Corte contra altos funcionarios del Estado y políticos, nueve de cada diez de los cuales pertenecieron a la coalición que llevó a Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de la República.

16) Durante todo el año 2009, se conocieron detalles inéditos de las labores de inteligencia y contrainteligencia ejercidas contra la Corte Suprema de Justicia por parte del Grupo de Observación Verificación Nacional e Internacional (GONI), creado dentro del DAS desde el año 2005. Se supo, por ejemplo, que el DAS llevaba un estricto control de las rutinas de los magistrados, sus gustos y debilidades, los miembros de su familia y círculos de amistades más cercanas. También se conocieron interceptaciones telefónicas de conversaciones entre el magistrado Iván Velásquez y un alto funcionario de la embajada norteamericana, realizadas por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

17) Por las amenazas y ataques contra la Corte Suprema, en la actualidad tres magistrados de esa corporación, María del Rosario González de Lemos, Julio César Valencia Copete e Iván Velásquez, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

HECHOS RECIENTES

18) Desde diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia ha impuesto nuevas condenas en el denominado proceso de la "parapolítica". El 3 de diciembre, la Corte condenó a cuarenta años de prisión al ex gobernador de Sucre y ex consejero de la Embajada de Colombia en Chile con el actual Gobierno, Salvador Arana Sus, por el homicidio del ex alcalde de El Roble, Edualdo Díaz, ocurrido en el año 2003. Igualmente, la Corte compulsó copias para que se investigue al ex funcionario por los crímenes contra la humanidad cometidos por el grupo paramilitar de Rodrigo Mercado Pelufo, alias "Cadena".

19) El 15 de diciembre de 2009 el ex representante conservador Gonzalo García Angarita fue condenado a siete años y medio de prisión por sus nexos con el paramilitarismo en el departamento del Tolima.

20) El 26 de enero de 2010 la Corte condenó al ex senador Vicente Blel Saad a siete años y medio de prisión por sus nexos con los paramilitares del Bloque Norte, comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, en el departamento de Bolívar.

21) El 27 de enero de 2010, la Corte condenó a dos paramilitares a penas de 40 y 20 años de prisión por la masacre de cuatro indígenas Kankuamos, y ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar por los mismos hechos al jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Igualmente, solicitó se investiguen en forma expedita los más de 50 asesinatos de indígenas de la etnia Kankuama ocurridos desde el año 2002.

22) El 01 de febrero de 2010, la Corte dio inicio al juicio contra el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera Cotes, por el homicidio de dos sindicalistas, un defensor de derechos humanos y una periodista, ocurridos en el año 2003. En el marco de este proceso, la opinión pública ha conocido que el DAS entregaba semanalmente informes sobre la actividad sindical al presidente de la República, y que el ex subdirector del DAS, señor José Miguel Narváez, hoy preso y llamado a juicio como gestor e impulsor del grupo que dentro del DAS realizó espionaje ilegal a más de 300 personas, fue nombrado a solicitud del presidente Álvaro Uribe Vélez.

23) El 02 de febrero de 2010, la Corte condenó al ex representante Dixon Ferney Tapasco, a siete años y medio de prisión por sus nexos con grupos paramilitares en el departamento de Caldas.

24) El 11 de febrero de 2010, la Corte ordenó la exclusión del paramilitar Libardo Duarte, alias Bam-Bam, de la jurisdicción excepcional creada por la ley 975 de 2005, mal llamada de Justicia y Paz, al comprobar que éste había confesado la comisión del delito de homicidio con posterioridad a su "desmovilización" de las Autodefensas Unidas de Colombia, y envió el caso a la justicia ordinaria, pese a las solicitudes en sentido contrario realizadas por el Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación.

25) El 16 de febrero de 2010, la Corte Suprema negó la libertad del ex presidente del Congreso de la República, el conservador Luis Humberto Gómez Gallo, llamado a juicio por sus nexos con paramilitares y narcotraficantes en el departamento del Tolima.

26) El 17 de febrero de 2010, la Corte negó la extradición a los Estados Unidos del jefe paramilitar Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, quien está siendo investigado por las masacres de Manpujan y Las Brisas, en las cuales se probaron 663 víctimas de desplazamiento forzado, 7 por toma de rehenes, 11 por homicidio y tortura. La Corte, en el marco de este procedimiento de extradición, consideró que cuando los hechos pueden revestir el carácter de crímenes contra la humanidad, tienen éstos, en su calidad de crímenes graves bajo el derecho penal internacional, preeminencia sobre los delitos de narcotráfico. [Ver texto completo de la sentencia en http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/vecino.html ]

27) El 23 de febrero de 2010, la Corte condenó a la pena máxima de 40 años de prisión al ex senador Álvaro García Romero por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y el homicidio de ocho personas en la denominada masacre de Macayepo, y concluyó que el ex congresista, "en su condición de representante del pueblo sucreño ante el legislativo, cuyo compromiso a no dudarlo era el de dar aviso a las autoridades de esa incursión paramilitar que a la postre no sólo toleró sino auspició dado el apoyo que brindaba al grupo armado ilegal de tiempo atrás".

28) El 24 de febrero de 2010, la Corte Suprema de Justicia emitió resolución de acusación (llamamiento a juicio) por concierto para delinquir contra el ex senador Mario Uribe Escobar, primo hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, y gran aliado suyo a lo largo de su carrera política. La Corte consideró que Mario Uribe Escobar tomó parte activa en el plan de expansión política del paramilitarismo, con el propósito de obtener una "representación nacional a través de aliados que o bien llegarían por primera vez al Congreso, o estándolo, coadyuvarían a la afirmación de sus propósitos". [Ver texto completo de la sentencia en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/mariou.html]

29) También el 24 de febrero de 2010, la Corte reafirmó su jurisprudencia en el sentido de que los llamados "falsos positivos", esto es, ejecuciones extrajudiciales sistemáticas cometidas por miembros de las fuerzas militares, deben ser conocidos por la justicia ordinaria, y por ello anuló una sentencia de un tribunal militar y envió el proceso a la Fiscalía General de la Nación.

30) El 3 de marzo, varios medios de comunicación colombianos informaron que la Corte Suprema de Justicia ordenó la investigación contra el general retirado y actual embajador en República Dominicana, Mario Montoya, por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. Sin embargo, fuentes de la Corte niegan que dicha decisión se haya producido y consideran que la publicación de la misma hace parte de una estrategia de desinformación.

31) El 4 de marzo 2010, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, hizo público el informe sobre su visita a Colombia en septiembre de 2009. En el mismo, la Relatora se mostró "particularmente preocupada" por "las amenazas contra las más altas autoridades judiciales del país", en referencia a los ataques sufridos por la Corte Suprema de Justicia.

ANTE ESTOS HECHOS, CONSIDERAMOS:

32) No cabe duda de que los actos intimidatorios y las amenazas sistemáticas que desde hace varios años se han cernido sobre la Corte Suprema colombiana corresponden a una estrategia que busca atemorizar al máximo tribunal de justicia. Este tribunal es el encargado de investigar y juzgar a congresistas y ex congresistas, así como a altos funcionarios del Estado, en procesos que apuntan a develar el accionar de una vasta empresa criminal que, en alianza con narcotraficantes y paramilitares, desde el año 2002, se hizo con el control de grandes porciones de las tres ramas del poder público en Colombia.

33) En este contexto, hacemos responsable al Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez de la protección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y sus familias, así como de cualquier fallo en los esquemas de seguridad que como consecuencia puedan permitir la materialización de las graves amenazas a las que la Corte se encuentra expuesta.

34) Al tiempo que manifestamos nuestro respaldo a la Corte Suprema, expresamos nuestro deseo de que ésta no claudique en la búsqueda de la verdad y la justicia frente a los graves hechos que investiga y juzga. Se trata de un reto que la Corte debe asumir con coherencia frente a la jurisprudencia nacional e internacional en casos que suponen la aplicación del tipo penal de crímenes contra la humanidad y la determinación de responsabilidades penales individuales sobre la base de la pertenencia a organización criminal según aparece configurada en la jurisprudencia producida en aplicación del derecho penal internacional vigente, así como la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.

35) En el caso particular del juicio contra Jorge Noguera, llamamos a la Corte Suprema a garantizar al máximo el principio de publicidad de la etapa de juicio y no acceder a la solicitud de la defensa de que las sesiones sean declaradas secretas.

36) Igualmente, solicitamos a la Corte no ceder ante las presiones de quienes pretenden convertir en secretos testimonios que han sido recabados en juicio, pues aunque las sesiones pueden celebrarse a puerta cerrada en forma excepcional, lo dicho en ellas es, y debe ser, de carácter público. Así lo establecen el Código de Procedimiento Penal colombiano y las normas de derecho internacional que hacen al respeto de los derechos humanos en la administración de justicia.

En el caso de noticias relacionadas con procesos judiciales, la vinculación del derecho a la libertad de expresión con el régimen democrático se extiende a la posibilidad efectiva de acceder al proceso, a los debates del juicio y a la sentencia que lo culmina, máxime en un caso de tan alta importancia como es el primer procesamiento contra el sistema de inteligencia colombiano.

37) Solicitamos a los gobiernos miembros de la Unión Europea, y especialmente al Gobierno español, que asuman la responsabilidad política y jurídica de haber protegido durante años la estructura organizada por el Presidente Uribe.

38) Esta estructura, según los indicios racionales y los elementos de prueba suficientes que surgen del proceso al sistema de contrainteligencia y de los procedimientos contra senadores y representantes procesados, imputados y, en muchos casos condenados, reúne las condiciones para ser calificada de "empresa criminal conjunta".

39) Sin el apoyo explícito, y muchas veces agresivo, de la diplomacia española, hubiera sido imposible mantener en silencio este tipo de actividades, las cuales fueron apoyadas con la justificación doctrinal de la lucha contra el terrorismo, lo que, a su vez, permitió establecer de facto un estado de excepción en el que las organizaciones paramilitares y del narcotráfico asumieron, también de facto, el control político del estado.

40) Solicitamos al Departamento de Estado que revise en profundidad la política de cooperación denominada "Plan Colombia" para ajustarla a los estándares internacionales de respeto a las libertades civiles y los derechos humanos, así como al derecho internacional aplicable, revisando en profundidad y de manera racional las políticas de lucha contra el narcotráfico, pues éstas han demostrado su total ineficacia y falta de funcionalidad en su pretendida lucha contra el crimen organizado.

De la misma forma, se deberían retirar las fuerzas militares desplazadas en territorio colombiano y proceder a no instalar las bases militares previstas en los acuerdos suscritos con el poder ejecutivo colombiano por no reunir estos acuerdos las condiciones previstas por el derecho interno colombiano y el derecho internacional.

41) Recordamos que el tipo de políticas como las llevadas adelante por el Ministerio de Exteriores de España, con la colaboración necesaria de la Comisión Europea, así como las llevadas adelante por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, violan los principios de no injerencia reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas - especialmente en sus artículos 2.4 y 2.7- y tienen como consecuencia fortalecer lo que hemos denominado el "estado de excepción global", el cual pone en duda la propia existencia de la organización de las Naciones Unidas tal cual fue concebida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco el 26 de junio de 1945.

Charleroi, San Francisco y Bogotá, 8 de marzo de 2010

Gregorio Dionis,
Presidente del Equipo Nizkor y director de Radio Nizkor


iii) Déclaration à la suite des graves menaces contre la Cour suprême colombienne.

English | Español

Le 4 mars 2010, le Parquet général de Colombie a informé la séance plénière de la Cour suprême de justice de la découverte d'un nouveau plan visant à éliminer certains magistrats de cette haute cour.

Le même jour, la Chambre plénière de la Cour a publié un communiqué dans lequel elle dénonçait l'existence d'une « stratégie de terreur » contre la corporation, ainsi que l' « apathie discrète » des autres branches du pouvoir public colombien face à la gravité des faits, qui ne peuvent être considérés comme un « simple épisode » au vu de l'importance des procès menés actuellement devant la Cour contre des politiques, des paramilitaires et des narcotrafiquants pour des crimes contre l'humanité commis dans ce pays.

La Cour a appelé à la solidarité de la société civile pour défendre le travail des juges et l'Etat de droit en Colombie, qui sont tous deux une nouvelle fois menacés par les activités de « forces obscures », qui portent mal leur nom et qui tentent d'empêcher le jugement des responsables de graves crimes commis en Colombie.

Au vu de ce qui précède, nous exprimons notre soutien à la Cour en cette période, étant donné les menaces et les agressions systématiques dont fait l'objet la plus haute instance judiciaire ordinaire de Colombie. Nous considérons, en effet, que de tels actes sont liés à ce que nous appelons l'attaque du pouvoir exécutif contre la Cour suprême de justice.

[...]

Le texte intégral en français de la déclaration de Equipo Nizkor à la suite des graves menaces contre la Cour suprême colombienne, se trouve sur:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/declaration.html


iv) Statement concerning the grave threats against the Colombian Supreme Court.

Español | Français

On 4th March 2010, the Office of the Attorney General of Colombia informed the plenary of the Supreme Court of Justice that it had learned of a new plan to assassinate certain judges of that Court.

On the same day, the plenary of the Court released a communiqué in which it denounced the existence of a "strategy of threats" against it, as well as the "quiet apathy" of the other branches of the Colombian State, which, in such serious circumstances, cannot be considered as a "one-off episode", particularly given the importance of the proceedings currently taking place before the Court against politicians, paramilitaries and drug-traffickers for the commission of crimes against humanity in the country.

The Court called for the solidarity of civil society to defend both the work of the judges and the rule of law in Colombia, threatened once again by the acts of the so called "dark forces" who are seeking to impede the prosecutions of those responsible for serious crimes committed in Colombia.

In light of the above, we express our support to the Court at this time in respect of the threats and systematic aggression made against the highest tribunal of ordinary justice in Colombia, as we believe that the source of these are to be found in what we have described as the Executive Power´s attack against the Supreme Court of Justice.
[See this information in chronological order from May 2006 in the specialized page: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/justicia/justiciamain.html#cs]

BACKGROUND AND CONTEXT OF THE SITUATION

1) Since 2005, the judges and investigators of the Supreme Court have been the objects of illegal espionage and actions of "offensive intelligence" by the Administrative Department of Security (DAS), the secret police of Colombia, which is hierarchically and functionally dependent on the President Álvaro Uribe Vélez.

These criminal actions against the Court coincided with the beginning of the investigations into congressmen, ex-congressmen, governors and other public servants in connection with their links to paramilitarism,(which in international law is known as participation in joint criminal enterprise), and which process has come to be known in Colombia as "para-politics".

2) In November 2006, the threatening calls began against the Court. At that time, the object of the insults and threats was one of the assistant judges of Judge Alfredo Gómez Quintero, of the Criminal Division.

3) In February 2007, the ex-president of the Court, Judge Yesid Ramírez Bastidas, received several threatening calls.

4) In May 2007, several judges of the Criminal Division received further threatening and intimidating calls.

5) In July 2007, when the Court issued an important judgement establishing precedent regarding the legal distinction between political crimes and crimes committed by the paramilitary groups, it was the target of strong verbal criticisms on the part of the president Álvaro Uribe, in an unprecedented confrontation between Colombian institutions.

6) Between September and October of 2007, following the investigation into the link between Senator Mario Uribe, first cousin of President Álvaro Uribe, and the "para-politics" process, a new plot against the Supreme Court was devised in the Casa de Nariño (presidential headquarters), by means of a paramilitary member known by the alias Tasmania, who would subsequently retract his accusations against the Court ( http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/ivan1.html ), and, in particular, against the assistant Judge Iván Velásquez, the principal investigator in this process.

7) In October 2007, anonymous callers threatened to detonate a bomb in the school of the daughter of María del Rosario González de Lemos, a judge of the Criminal Division, and it had to be evacuated. However, the Executive, and some of the state security organs continue today to express doubt as to the truthfulness of this threat, in spite of the fact that the Office of the National Procurator-General (Procuraduría General de la Nación - PGN) has established that it did in fact take place. Months later, Judge González's security vehicle was sabotaged.

8) In November 2007, the National Police, without justification, withdrew its protection service from assistant Judge Iván Velásquez, head of the investigative commission in the "para-politics" cases. Following protests from the Court, the service was reinstated.

9) In January 2008, President Álvaro Uribe Vélez filed a complaint alleging defamation by Judge César Julio Valencia Copete, the then President of the Supreme Court of Justice, for statements made in the newspaper "El Espectador", in a clear attack against judicial independence and freedom of expression.

10) On 10th April 2008, the Court, in accordance with international criminal law, held in a second instance judgement that an agreement to commit crimes for the purposes of paramilitarism constituted a crime against humanity.

11) In August 2008, senior officials of the Presidency of the Republic, including the legal secretary Edmundo del Castillo, and press secretary César Mauricio Velásquez, and several members of DAS, met in the presidential headquarters with spokesmen and members of the paramilitary, who since December 2007 sought to criminally prejudice the members of the Supreme Court for their investigations into the "para-politics" ( http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/paras4.html ).

12) In September 2008, President Álvaro Uribe attacked the Supreme Court again, this time for having granted house arrest to the ex-congresswoman Yidis Medina, who confessed to having accepted favours and bribes from senior officials of the Executive in exchange for his favourable vote in the matter of re-election of the President. This generated new investigations against congressmen and state officials, proceedings which became known as "Yidis-politics" ("yidis-política"). For his part, the Minister of the Interior, Fabio Valencia, accused the then president of the Court, Francisco Ricaurte, of "acting in bad faith", for his criticisms of the project of justice reform, which aimed to create a "Super-Court" to investigate politicians and senior officials of the state.

13) In February 2009, the magazine "Semana" denounced the fact that the DAS had for several years been carrying out acts of espionage against high court judges, journalists, and opposition leaders.

14) In August 2009, the Court denounced fresh threats made against it, this time through an obituary sent to the then President of the Criminal Division, Judge Julio Enrique Socha Salamanca. It also discovered information regarding possible attacks against the judges. All this took place two months after the conviction of two ex-congressmen in connection with the so-called "yidis-política".

15) In September 2009, the Supreme Court of Justice issued a judgement regarding the crime of conspiracy to commit a crime for the purposes of paramilitarism, which they had previously held to constitute a crime against humanity, in the case of the so-called "para-politicians" ( http://www.radionizkor.org/colombia/#cch1 ). The Criminal Division determined, in accordance with international law, that the accused were members of a "criminal structure composed of a number of people who participate in a criminal organisation articulated around the principles of hierarchy and subordination", and that "those who took part, making use of their positions, are also criminally liable for the totality of crimes attributed to the commanders or chiefs of the blocks, fronts or units that make up the criminal association". This precedent will necessarily have an effect on the trials which are being heard in the Court against senior officials of the state and politicians, due to links with paramilitary groups. Nine out of ten of these officials and politicians are members of the coalition that brought Álvaro Uribe Vélez to the Presidency of the Republic.

16) Throughout the whole of 2009, unprecedented details were uncovered about the intelligence and counterintelligence carried out against the Supreme Court of Justice by the Group of National and International Observation and Verification (GONI), operating within DAS from 2005. It was ascertained, for example, that DAS closely monitored the routines of the magistrates, knew about their likes and weaknesses, the members of their family, and their closest circles of friends. It was also known that telephone interceptions of conversations between Judge Iván Velásquez and a senior official of the US Embassy were carried out by members of the National Police and the Office of the Attorney General.

17) Due to the threats and attacks made against the Supreme Court, three members of the Court, Judges María del Rosario González de Lemos, Julio César Valencia Copete and Iván Velásquez have been granted precautionary measures by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR).

RECENT DEVELOPMENTS

18) Since December 2009, the Supreme Court of Justice has handed down further convictions in the so-called "para-politics" trials. On 3rd December 2009, the Court imposed a forty year prison term on the former departmental Governor of Sucre and also former Colombian ambassador to Chile during the first Uribe Administration, Salvador Arana Sus, for the homicide of the former mayor of El Roble, Eudaldo Díaz in 2003. The court also certified copies of existing documents in order to investigate the former official for crimes against humanity committed by the paramilitary group of Rodrigo Mercado Pelufo, alias "Cadena".

19) On 15th December 2009, the former member of parliament Gonzalo García Angarita (Conservative party) was sentenced to seven and a half years in prison for his links to paramilitarism in the department of Tolima.

20) On 26th January 2010, the court sentenced the former senator Vicente Blel Saad to seven and a half years in prison for his links with the paramilitaries of the North Block, commanded by Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, in the department of Bolívar.

21) On 27th January 2010, the court condemned two paramilitaries to prison terms of 40 and 20 years for the massacre of four indigenous members of the Kankuamo Indigenous People, and it ordered the Attorney General to investigate Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 for these events. It also requested the rapid investigation into the assassinations of over 50 indigenous members of the Kankuamo Indigenous People since 2002.

22) On 1st February 2010, the court commenced proceedings against the former Director of the Administrative Department of Security (DAS), Jorge Noguera Cotes, for the homicide of two trade unionists, a human rights defender and a journalist in 2003. In the context of these proceedings, the public has learned that DAS produced weekly reports about trade union activity to the President of the Republic, and that the former Deputy Director of DAS, Mr José Miguel Narváez - currently in prison and being prosecuted for directing and steering the unit within DAS that carried out illegal espionage against more than 300 people - was appointed by request of the President Álvaro Uribe Vélez.

23) On 2nd February 2010, the court sentenced the former member of parliament Dixon Ferney Tapasco to seven and a half years in prison for his links to paramilitary groups in the department of Caldas.

24) On 11th February 2010, the court ordered that the paramilitary Libardo Duarte, alias Bam-Bam be excluded from the exceptional jurisdiction of Law 975 of 2005, inappropriately named Justice and Peace law, on establishing that he had confessed to the commission of the crime of homicide after his "demobilization" from the United Self-Defence Forces of Colombia (AUC), and sent the case to ordinary justice, despite requests to the contrary made by the National Government and the Office of the Attorney General.

25) On 16th February 2010, the Supreme Court refused provisional release of the former President of the Congress of the Republic, the conservative Luis Humberto Gómez Gallo, who is to be tried for his links with paramilitaries and drug-traffickers in the department of Tolima.

26) On 17th February 2010, the court denied the extradition to the United States of the paramilitary chief Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, who is being investigated for the massacres of Manpujan and Las Brisas, in which 663 victims of forced displacement were proved, as well as 7 victims of hostage taking, 11 homicides and torture. The court, in the course of the extradition proceedings, considered that when the facts may constitute crimes against humanity, the commission of serious crimes under international criminal law must take precedence over crimes of drug-trafficking. [ See complete text of the court's decision at http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/vecino.html ]

27) On 23rd February 2010, the Court issued the maximum sentence of 40 years in prison to the former Senator Álvaro García Romero for conspiracy to commit crimes, embezzling for appropriation, and the homicide of eight people in the massacre of Macayepo, and concluded that the former congressman "in his position as representative of the people of Sucre before the legislature had an undoubted obligation to notify the authorities of the paramilitary incursion that he subsequently not only tolerated but supported, providing backing to this illegal armed group from some time back."

28) On 24th February 2010, the Supreme Court of Justice brought charges for conspiracy to commit crimes against the former Senator Mario Uribe Escobar, first cousin of the President Álvaro Uribe Vélez, and one of his major allies throughout his political career. The Court considered that Mario Uribe Escobar took an active part in the plan of political expansion of paramilitarism, with the objective of obtaining "national representation via allies who, either coming for the first time to Congress, or already being there, would strengthen the realisation of his purposes." [ See complete text of the court's decision at: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/mariou.html ]

29) Also on 24th February 2010, the court reaffirmed its decision that the so-called "false positives", that is, extrajudicial executions committed systematically by members of the armed forces, must be tried in the ordinary courts, and therefore declared null and void a judgement of a military court, remitting the proceedings to the Attorney General.

30) On 3rd March, various Colombian media sources reported that the Supreme Court of Justice had ordered the investigation of retired general and current ambassador to the Dominican Republic, Mario Montoya, for his alleged links with paramilitarism. However, court sources deny that this decision had taken place, and consider that this false report is part of a strategy of disinformation.

31) On 4th March 2010, the Special Rapporteur of the United Nations on the situation of human rights defenders, Margaret Sekaggya, published the report from her visit to Colombia in September 2009. In this report, the Rapporteur said she was "particularly disturbed by threats sent to the highest judicial authorities in the country", in reference to the attacks suffered by the Supreme Court of Justice.

IN LIGHT OF THESE FACTS, WE WISH TO STRESS THE FOLLOWING:

32) There is no doubt that the intimidating acts and systematic threats suffered by the Colombian Supreme Court for several years constitute part of a strategy which seeks to terrorize the highest court of justice. This Court has the duty to investigate and prosecute congressmen, former congressmen and senior officials of the state, in proceedings revealing the actions of a vast criminal enterprise which, since 2002, in alliance with drug-traffickers and paramilitaries, has taken control of large parts of the three branches of public power in Colombia.

33) In this context, we consider the Executive Power, headed by the President Álvaro Uribe Vélez, responsible for the protection of the members of the Supreme Court of Justice and their families, and for any failure concerning their protection which results in materialisation of the grave threats to which the Court has been exposed.

34) At the same time as we express our support of the Supreme Court, we also hope that it does not abandon its search for truth and justice in the face of the serious facts which it investigates and judges. This is a challenge that the court must assume in accordance with national and international jurisprudence regarding cases that entail the application of the criminal characterization of crimes against humanity and the determination of individual criminal responsibilities for membership of a criminal organisation pursuant to the jurisprudence established in application of current international criminal law, and the application of the United Nations Convention against organised transnational crime.

35) In the particular case of the prosecution of Jorge Noguera, we call on the Supreme Court to guarantee the principle of publicity of the trial stage, and not to accede to the requests of the defence that the sessions be declared secret.

36) Equally, we request that the Court does not cede to the pressures of those who aim to keep secret those testimonies obtained in trial. Even if the sessions take place behind closed doors in exceptional cases, statements made during the sessions are, and must be, of public character. This is established in the Colombian Code of Criminal Proceedings and in international law provisions concerning human rights in the administration of justice.

In the case of information concerning judicial proceedings, the relationship between the right to freedom of expression and the foundations of a democracy includes effective access to the proceedings, to the trial process and the eventual judgement, especially important in a case representing the first proceedings against the Colombian intelligence system.

37) We request the government members of the European Union, and especially the Spanish government, to assume political and legal responsibility for having for years protected the structure established by President Uribe.

38) The reasonable grounds and the evidence arising from the proceedings concerning the counterintelligence system and from the proceedings against senators and representatives accused, charged and, in many cases convicted, show that this structure constitutes a "joint criminal enterprise".

39) It would have been impossible to keep these types of activities secret without the explicit, and often aggressive support of Spanish diplomacy, relying on a doctrinal justification of the fight against terrorism, which permits the de facto establishment of a state of exception in which the paramilitary and drug-trafficking organisations assume, also de facto, the political control of the state.

40) We request the U.S. State Department to profoundly review its policy of cooperation known as "Plan Colombia", to modify it to meet international standards with respect to civil liberties and human rights and applicable international law, and to fundamentally and rationally revise its policies concerning the fight against drug-trafficking, which have been shown to be totally ineffective in the struggle against organised crime.

Similarly, the military forces deployed in Colombian soil should be withdrawn, and the military bases anticipated in the agreements endorsed with the Colombian executive should not be installed as these agreements do not meet the conditions set by domestic Colombian law and international law.

41) We ask those concerned to remember that the policies such as those carried out by the Spanish Foreign Ministry, with the necessary collaboration of the European Commission, and those carried out by the U.S. Department of State, violate the principles of non-interference recognised by the Charter of the United Nations - especially articles 2.4 and 2.7 - and as a consequence serve to strengthen what we describe as a "global state of exception", which casts doubt on the very existence of the organisation of the United Nations as it was conceived in the United Nations Conference on International Organization in San Francisco on 26th July 1945.

Charleroi, San Francisco and Bogotá, 8th March 2010

Gregorio Dionis,
President of Equipo Nizkor and director of Radio Nizkor