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DENUNCIAS, ABUSOS Y LA NATURALIZACIÓN DE LA DESIDIA

Así es la vida...

ESCRITO POR: Mariana Contreras

Un hogar administrado por una congregación religiosa, en convenio con el inau, que atiende a niñas y adolescentes con discapacidades intelectuales ha sido denunciado hace meses por un posible caso de abuso a una adolescente. Al parecer nadie ha investigado nada.

La falta de reflejos de la institución y del propio inau no habla tanto de mala intención o corrupción como sí de una cultura fuertemente arraigada, que naturaliza los hechos más sórdidos y se convence de que la realidad es inmodificable.

En la mañana del lunes la hermana Ernestina, directora del hogar Margarita Uriarte, perteneciente a la Congregación Hermanas Hospitalarias, atiende los requerimientos de Brecha. La inquietud es clara: en octubre pasado el inau recibió una denuncia por un posible caso de abuso a una de las internas del hogar que dirige.

Habría sido durante las fiestas navideñas de 2010, cuando se autorizó a muchas de las chiquilinas a pasar esos días con sus familias. La hermana responde que recibieron una "nota desde Jurídica del inau" haciendo referencia a una investigación administrativa y solicitaron un listado con los nombres de los funcionarios, pero "no sabemos bien qué caso es".

Aunque han pasado muchos meses y según supo Brecha el expediente número 28538 está en etapa "confidencial" pero "a punto de salir", desde la institución del Estado aún no han requerido ninguna otra información ni han investigado nada en el hogar.

Ernestina quiere el nombre de la niña para confirmar que hablamos de lo mismo. Es lógico ya que si bien la denuncia trata de una situación puntual, las informaciones en poder de Brecha refieren a una variedad de casos.

El primero fue conocido a través del relato de la adolescente, quien a su regreso al hogar contó a varias funcionarias que un amigo de su madre, que se encontraba viviendo en la casa, había abusado de ella durante su visita. Según consta en la denuncia, la adolescente regresó con los genitales muy irritados, pero el asunto se saldó con un diagnóstico de infección urinaria y no se volvió a hablar del tema.

El otro caso es el de tres hermanas que fueron a casa de su abuela. La mayor de las tres manifestó luego, en una entrevista con técnicos del hogar, que su padre, alcoholizado, la sentó en su falda comenzó a tocar sus genitales y luego le pegó un cachetazo mientras la insultaba.

Según los datos recabados, algunas autoridades del inau están al tanto de la información desde mucho antes de que la denuncia se concretara. Pero desde ese entonces hasta ahora nada ha pasado. No existieron citaciones, entrevistas ni pedidos de explicaciones que aclararan la situación.

(DES)INDIGNADOS. "Lo que me tenía horrible era la situación por el abuso, y otras cosas.

Es difícil denunciar las cosas de lo cotidiano. No podés decir 'acá hay una gran desafectivización, nadie se ocupa de las chiquilinas', porque eso no da lugar a que el inau intervenga. Comen, tienen techo, van a la escuela y está todo bien."

Así le dijo a Brecha la denunciante ante el inau. Puede llamarse desafectivización, desinterés o de otra forma.

Lo cierto es que parece existir "algo" en la lógica institucional que trasciende por entero al hogar en cuestión, y que redunda en que se naturalizan asuntos inadmisibles. Al respecto, Diana González, de iaci, una cooperativa de abogadas para la defensa y promoción de los derechos de los niños y adolescentes dice lo siguiente: "Eso pasa todo el tiempo, no por ello es menos grave, pero tiene que ver con la naturalización, no hacen nada porque 'no hay más remedio que sea así'. Me estás describiendo lo más o menos cotidiano.

Son un montón de cosas que suelen ocurrir en los hogares del inau y por convenio, pero casi nadie lo ve con indignación".

Pero precisamente por indignación es que se realizó la primera denuncia. Y luego salieron a luz otros casos.

Una interna, ya mayor de edad, murió de tuberculosis en una sala del hospital Maciel.

Durante su internación fueron sus propias compañeras discapacitadas las que se turnaban para acompañarla. El cuidado, la ayuda al otro, la solidaridad hacia quienes, en definitiva, conforman su círculo más cercano son comprensibles y estimulables, ¿pero cuál es el límite en esas circunstancias?

La joven que murió de tuberculosis –al parecer sin que nadie responsable la estuviera acompañando– era a su vez una de las encargadas de llevar a diversos grupos a sus centros de estudio.

A pesar de que el hogar cuenta con una camioneta donada por la embajada de Japón para el traslado de las internas, todas van en transporte público a sus clases, incluso los días de lluvia.

Las chiquilinas tienen botas, capas de lluvia, abrigo, pero se desplazaban solas o acompañadas por alguna otra interna, sin supervisión adulta. "Si bien trabajas la inserción social y las autonomías, hay que ver de qué forma se hace. No podés mandar a una gurisa con problemas conductuales cuidada por una gurisa con problemas de discapacidad", por ejemplo, dice una persona allegada al caso.

La muchacha que murió "rebosaba salud", dijeron a Brecha, pero "al parecer vivía una situación de estrés, la tenían poco menos que de sierva, era encargada de llevar y traer barras de chiquilinas a la escuela.

Se vivía quejando de dolores en el estómago, no la llevaban a controles, y cuando lo hicieron ya estaba mal. Sus padres murieron, ella tenía una discapacidad intelectual con algún trastorno psiquiátrico, pero no severo. En los últimos tiempos decía 'me quiero ir con mi mamá y mi papá'.

Se dejó morir. Yo me preguntaba dónde estaba el equipo para sostenerla. Antes había tenido bajones depresivos y si la apoyabas y trabajabas con ella, salía."

Otro caso derivado del mismo descuido. En octubre de 2011 el carné de la escuela de una de las niñas de 14 años delató 20 faltas.

Los funcionarios entendieron que "algo estaba pasando", puesto que la chica siempre salía en hora, por lo que comenzaron a acompañarla a la entrada y a la salida de la escuela. Hasta ese momento las niñas concurrían a los diferentes centros de estudios acompañadas por otras internas.

Al tiempo –aseguraron las fuentes de Brecha– una funcionaria se percató de ciertos cambios en el cuerpo de la niña: crecimiento del abdomen, senos endurecidos, falta de menstruación.

Ante la decisión médica de realizar estudios que descartaran o corroboraran un embarazo, la niña contó que había conocido a un hombre en el ómnibus con el que había mantenido relaciones a cambio de caramelos.

La denuncia fue presentada en la seccional 21 de Colón, luego de que alguien relatara el caso en los medios. La versión dada por personas vinculadas al hogar es que a la menor, finalmente embarazada, se le habría practicado un aborto "legal", atendiendo la causal de violación.

Aun así, dicen ambas, el asunto ni siquiera habría trascendido entre los funcionarios del hogar. Jorge Ferrando, director del inau, y Fanny González, directora de la división Convenios, aseguraron a Brecha desconocer esta situación; sin embargo, un breve informe poniendo al tanto del caso a las autoridades del instituto fue enviado el 4 de noviembre de 2011.

Y si bien el informe relata las sospechas de embarazo pero no las confirma, los jerarcas deberían haber reconocido el hecho narrado.

SUPERVISAR. Diana González explicó que aunque el inau tiene la rectoría en todo lo vinculado a infancia y adolescencia sólo supervisa los hogares con los que tiene convenio. Eso, dice la abogada, es una rémora de un pensamiento histórico que justifica el control en virtud del dinero que entrega, y aunque a partir del Código de 2004 las cosas han cambiado y la política apunta ahora a una supervisión cualitativa, el cambio no es tan sencillo.

Lo cierto es que desde octubre de 2011 está radicada esta denuncia en el inau a la espera de que algo suceda. Y si uno puede preguntarse por qué la denuncia formal fue hecha casi nueve meses después de los acontecimientos, la realidad indica que las autoridades –si bien afirmaron haberse enterado de los hechos a través de la formalización de la denuncia– están al tanto desde febrero.

Brecha accedió a varios correos electrónicos, uno de ellos fechado el 28 de febrero y dirigido a Fanny González, donde la denunciante pone al tanto de las situaciones de abuso relatadas al comienzo de la nota y cuestiona la política de enviar a las niñas "absolutamente indefensas con familias disfuncionales, que no ofrecen la menor garantía de protección, sin tomar en cuenta las historias ni la información de los técnicos más antiguos, cuyos aportes son sistemáticamente descalificados.

Priorizan el vínculo con los padres porque según ellas las chicas mienten. Es posible, pero primero hay que investigar, si no, ¿por qué están con nosotros y no con sus familias? El simplismo de que es por pobreza material cae por sí solo".

Fue ante la inacción de la División Convenios que en setiembre la denunciante decidió ponerse en contacto con Ferrando y, finalmente, se canalizó formalmente la denuncia, el 19 de octubre. El 10 de noviembre un nuevo correo electrónico al director pone en la cuenta otro episodio –"aparentemente violación"– y que, a la fecha, nadie del inau había realizado una visita al hogar.

Brecha consultó a Jorge Ferrando y Fanny González sobre las medidas dispuestas por la institución para este caso. Ferrando aseguró que "iniciamos la investigación administrativa y pedimos a Convenios que intensifique su supervisión o tratara de indagar a ver si surgían otros elementos que pudieran asociarse a la denuncia.

Hasta ahora no han surgido elementos que a nosotros nos den cierta prueba de veracidad. No digo que no haya ocurrido, digo que no tenemos elementos recogidos para confirmar la denuncia".

Y aclaró que al ser una institución privada, con convenio, las potestades del inau son limitadas: "por un lado recabamos testimonio de las personas del inau que pueden estar vinculadas a la institución y eventualmente de otros, pero dependerá de la voluntad de cada organización brindarlos o no".

Sin embargo, al comunicárseles que la hermana Ernestina aseguró al semanario que hasta ahora sólo se solicitó un listado de nombres de funcionarios pero no hubo ninguna entrevista, Ferrando explicó que si bien las entrevistas no comenzaron, se solicitó al área de Convenios que "busque recabar si surgen otros elementos que aporten a la situación". De todas formas, los plazos están vencidos. La investigación tiene 60 días para desarrollarse y puede prorrogarse prudencialmente. El plazo se cuenta en días corridos y comienza desde que se notifica la resolución del jerarca. La fiscalización del cumplimiento corresponde al jerarca inmediato al instructor, según lo establece la normativa vigente.

Para la directora del área, "durante estos años no hemos tenido situaciones de gravedad que nos hayan llevado a una intervención directa. Pero sí hemos acompañado regularmente la gestión de trabajo de este centro". Una idea similar a la de la hermana Ernestina para quien, olvidando la investigación, "en este momento no hay ninguna situación al respecto de abuso". Según su visión, salen aquellas niñas que tienen una familia más constituida. Puede ser por 15 días, o por diez o por dos. "Es muy extraño –se asombra–. Llevo dos años y medio y cada caso se estudia para autorizar la salida." Ante la insistencia, recuerda: "Eran tres hermanas, recuerdo que una de las niñas vino con un relato. Contaron un relato que no era seguro. No hablaban del presente. De todas maneras se trabajó con la familia y no hay nada al respecto".

Normalmente –plantea una ex funcionaria– se pretende que en las fiestas el menor número posible permanezca en la casa "y está bien, lo mejor es que pasen la mayoría con su familia. Pero no que las manden al matadero". El relato a Brecha indica que la situación familiar era lo suficientemente delicada como para que la asistente social que llevó el caso hasta poco tiempo antes de los hechos, extremara precauciones. Pero una nueva funcionaria pareció valorar diferente y las mandó. El padre estuvo preso por episodios de violencia doméstica que derivaron en que su hijo fuera internado en el Pereira Rossell, había un antecedente de venta de un hijo y ya se había producido, también, un episodio de un hombre ajeno a la familia viviendo en la casa. Esto último motivó que la asistente social anterior suspendiera las visitas de la niña a la casa. Todo está debidamente documentado en la historia, dice la versión que recogió este semanario. Pero una nueva profesional, en virtud del trabajo realizado con la madre, entendió que había un compromiso de su parte, y por lo tanto garantías para que la niña concurriera al hogar. Se autorizó su salida por diez días. Según esa misma versión, la dirección del hogar informó que la irritación vaginal fue producto de una infección urinaria, pero en la historia no consta la visita al médico ni qué medicación se suministró para aliviarla.

En el inau, mientras tanto, consultados Ferrando y González sobre la pertinencia de realizar una entrevista con las internas para recoger su testimonio, ambos jerarcas expresaron que esa actuación fue llevada adelante por los técnicos del hogar; pero es justamente esa actuación la que la denuncia cuestiona. En estos nueve meses, y a un año y medio de ocurridos los hechos, nadie del inau entrevistó a las menores para que narraran su versión de los hechos (no se hizo en el marco de la investigación, ni tampoco lo hizo el supervisor que "no encontró" motivos para una intervención directa en el hogar). Eso, más allá de dos posibles casos de abuso, más uno confirmado. "No se trata de una institución unipersonal, que digas todo lo que allí funciona depende y está controlado por una persona y por lo tanto es muy difícil que hablen. En este caso hay equipos diversos que podrían haberse sumado a la denuncia. Si bien es cierto que no hubo de parte del inau una entrevista con las personas que podrían estar involucradas, el tema se ha manejado y no ha surgido de otras personas de la institución elementos que lo corroboren. De haberlos habido tendríamos que haberlo denunciado", fueron las palabras de Ferrando, en lo que se aproxima más a un rezo para que la realidad se amolde a cierta teoría de funcionamiento, que a una política de garantía de derechos de quienes habitan el hogar. n

Convenio

Hay alrededor de 150 hogares donde viven unos 4 mil niños y adolescentes. En realidad alrededor de 800 de ellos son mayores de edad que por diversos motivos continúan su vida allí. La mayoría llega por situaciones de maltrato en su casa, problemas de adicciones de los padres, o porque están presos y nadie puede hacerse cargo, o en casos en que la madre ejerce la prostitución y no logra cumplir con sus deberes de la patria potestad. La mitad de los hogares resultan de convenios entre instituciones e inau. Ese es el caso del Margarita Uriarte, que funciona desde 1961 bajo la égida de las Hermanas Hospitalarias, una congregación nacida en España a fines del siglo xix. Allí se trabaja con chicas (algunas de ellas también son mayores) con discapacidad intelectual y en muchos casos patologías psiquiátricas asociadas.

Para hacer un convenio con el inau las instituciones presentan un proyecto educativo y, una vez avalado, según el tipo de proyecto y el perfil de los niños, el Estado entrega un subsidio económico y en especies. En los hogares para niños y adolescentes con discapacidad intelectual el subsidio económico es de 24 unidades reajustables por menor. También se paga la carne, el pan, la leche (según lo que estipule el Departamento de Nutrición de inau) y la medicación que receten los médicos tratantes. Se suministra gas, y se pagan la luz y el agua del local donde viven los chiquilines. El inau tiene la potestad de supervisar todo el proyecto.

Fuente: BRECHA

 

   
N°222----15/06/2012