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ECUADOR

La criminalización como una política de Estado

 

"No crean a los ambientalistas románticos, todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista".

Frase pronunciada por Rafael Correa en cadena nacional, 1 de diciembre de 2007.

 

Criminalizacion


La Constitución de Montecristi aprobada por la mayoría de ecuatorianos es considerada una de las más avanzadas en América Latina. Existen artículos que garantizan derechos fundamentales, postulados que paradójicamente el gobierno de Rafael Correa que "se abandera de la Constitución", los ha vulnerado paulatinamente.

Hay un abismo que separa al gobierno y la Constitución de Montecristi. Esto se ha expresado en restricciones y violaciones de la Carta Magna. Por ejemplo, el art. 98 del texto constitucional consagra el derecho a la resistencia, mismo que ha sido asumido por los trabajadores y pueblos de nuestro país como un instrumento para hacer respetar sus derechos ante normas que les afectan, pero sin consideración, ha sido violentado por el régimen.

El gobierno de Rafael Correa en el exterior hace esfuerzos por mostrarse con tintes izquierdistas, sin embargo el doble discurso es praxis, pues casa adentro aún mantiene cautivo a un sector importante de la población. En Ginebra en el último examen anual sobre Derechos Humanos de la ONU, el país recibió 67 recomendaciones en cuanto al cumplimiento de derechos políticos, libertad de expresión, criminalización de la protesta, etc.

Varios informes de Derechos Humanos como el de Amnistía Internacional, INREDH, Defensoría del Pueblo, etc., establecen la progresiva criminalización de la protesta y violación de los derechos constitucionales y humanos en el Ecuador. El último documento de la Universidad Andina Simón Bolívar UASB establece más de 200 casos de judicialización de la protesta. Adicionalmente bajo el actual régimen, se encuentran 11 presos políticos, en distintos casos por "agresión terrorista y atentado a la seguridad del Estado".

Es necesario caracterizar el tipo de gobierno que representa Rafael Correa, para desde ese punto de vista entender cuál es el engranaje que se está armando para legitimar la criminalización de la protesta y la violación de los DDHH. Este régimen se encuentra "al fondo a la derecha": promueve el endeudamiento externo y la dependencia, especialmente con China; sus políticas económicas han beneficiado a la banca y los grandes grupos económicos; se ha profundizado la política extractivista, se acentúa la política antiobrera. El autoritarismo y prepotencia se ha ensañado principalmente con el movimiento social y popular cuyas relaciones podría decirse son irreconciliables. No hay retorno, Correa traicionó el proyecto de cambio.

Leyes y justicia hacia la criminalización

Desde el régimen a través de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional se han aprobado leyes y están encaminadas otras, que contrarían la Constitución y particularmente algunas dirigidas a judicializar la lucha social y cualquier otra disidencia. Rafael Correa ha utilizado por primera vez en la historia el Código Penal elaborado en la Dictadura Militar, los juicios que se han instaurado contra dirigentes sociales tipifican delitos de sabotaje y terrorismo, atentado a la seguridad del Estado, entre otros. Ahora pretende profundizar la represión actualizando el Código Penal con un proyecto enviado por el Ejecutivo más perverso y contrario a la Constitución y los Derechos Humanos. De igual forma está en trámite legislativo el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, reformas a la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Comunicación.

Reestructuración de la Justicia

El anhelo de los ecuatorianos de un cambio en la justicia quedó por los suelos, al constatar que la nueva Corte Nacional de Justicia estaría controlada plenamente por Correa. El supuesto concurso no dejó de ser un show y la disposición constitucional de que los órganos de la función judicial tienen autonomía interna y externa quedó en declaración.

Las irregularidades en la selección de jueces evidencia que esta Corte Nacional designada a dedo, carece de legitimidad; constituye parte del engranaje represivo, las sentencias de antemano son y serán favorables a los allegados al régimen, como en sus primeras actuaciones a favor del Presidente y hay más, cuando se judicializa y sentencia a dirigentes sociales.
Un breve resumen de los principales de los casos de criminalización
Los pueblos le han apostado siempre a la protesta un instrumento de lucha, que en el caso ecuatoriano ha desembocado en importantes conquistas sociales e inclusive en el derrocamiento de gobiernos neoliberales en los últimos años. Los trabajadores y pueblos del Ecuador tienen un gran acumulado histórico que se resumen con la frase que en las calles se escucha: "aquí protesta todo el mundo": maestros, estudiantes, indígenas, campesinos, obreros, comerciantes, artistas hasta policías y militares.

Este texto pretende hacer una cronología básica sobre el proceso de criminalización de la protesta en el Ecuador por parte del gobierno de Rafael Correa, un breve análisis del por qué el gobierno le ha apostado a ésta como una política de Estado, para sostener su proyecto político procapitalista.

En los inicios del gobierno

El acumulado social e histórico de los pueblos del Ecuador fue forjando una corriente de cambio que le apostó al proyecto de Rafael Correa auspiciado por Alianza País, y recibió el respaldo de la mayoría de la población. El nuevo gobierno se lo definió, en esos momentos, como democrático, patriota, progresista, etc.

Saltándonos algunos hechos, el 15 de enero de 2007 Rafael Correa se posesionó como el Primer Mandatario del país, manteniendo a la expectativa a miles de esperanzados ecuatorianos. Se concretaron algunas ofertas de campaña, pero a la vez fueron marcando límites y desnudando poco a poco un proceso de derechización.

Dayuma un pueblo sin miedo

A pocos meses de ser electo Correa como presidente de los ecuatorianos, en noviembre de 2007, los pobladores de la parroquia de Dayuma ubicada en la Provincia de Orellana, paralizaron y cerraron el principal acceso a esta zona en exigencia de obras básicas como agua potable, alcantarillado, electrificación, en fin, atención!. El régimen no se hizo esperar (preocupado por el cierre de la carretera que conduce a pozos petroleros), la respuesta fue desmedida se declaró "grave conmoción interna", los militares se movilizaron, entraron, como es costumbre sin permiso a las casas humildes de los pobladores, detuvieron a cerca de 25 personas, torturaron y reprimieron.

Podría decirse que la actuación militar era profética "que quede claro que las cosas no han cambiado aunque el discurso sea otro". Fue uno de los primeros "pagos de gratitud" de Correa hacia los humildes. A 25 pobladores de Dayuma se iniciaron procesos judiciales por terrorismo y sabotaje.

(Represión Dayuma testimonios

http://www.youtube.com/watch?v=t2e4wW0OmQw )

Adicionalmente, la prefecta de esta provincia, Guadalupe Llori de Pachakutik y las fuerzas vivas, iniciaron un paro indígena el 1 de diciembre de 2007, el 8 de este mes fue encarcelada y acusada de sabotaje y terrorismo por "atentar contra las instalaciones petroleras". Estuvo presa por más de diez meses.

Hasta ese momento las organizaciones sociales y de izquierda que respaldaron este proyecto político encabezado por Rafael Correa, asumieron una postura crítica, exigiendo la libertad de los presos, condenando la represión y de una u otra forma presionando para que el gobierno encauce su rumbo.

Trabajadores de Correos del Ecuador

Por estas fechas, el 14 noviembre de 2007 los trabajadores tercerizados de Correos del Ecuador realizaron acciones de protesta exigiendo el cumplimiento de los compromisos firmados con el gobierno, pero contrariamente se procedió al despido de 60 trabajadores y la detención y encarcelamiento de 5 de ellos argumentando la violación al Art. 35, numeral 10 sobre la paralización de los servicios.

Otro mensaje: los pininos de la política antiobrera del gobierno de Rafael Correa se pusieron de manifiesto.

La nueva Constitución

Ya en el 2008 con la convocatoria a la Asamblea Constituyente para la elaboración de un nuevo marco jurídico fue el escenario donde los diversos sectores y actores sociales se hicieron presentes. La nueva Constitución no es dádiva de nadie, es fruto de la lucha histórica de los pueblos y nacionalidades, de la movilización popular. Miles tuvieron que presionar en las afueras de Montecristi para que sus propuestas fueran tomadas en cuenta, inclusive se produjo una huelga de hambre de los maestros en las puertas de la Constituyente en exigencia de sus derechos.

Cabe destacar el aporte de los asambleístas de Pachakutik, MPD, y algunos de Alianza País que se abrieron paso ante las posiciones vacilantes y otras reaccionarias en el bloque de gobierno y del propio Rafael Correa; derrotaron a la vieja derecha que pugnaba por revertir el proceso de cambio y a pesar de estas dificultades, se logró plasmar en gran medida lo más avanzado en derechos en la nueva Carta Magna.

La Amnistía para los luchadores sociales

Por iniciativa del Asambleísta Jorge Escala (MPD) se presentó una petición de Amnistía en la Asamblea Constituyente para los pobladores detenidos por el paro en Dayuma, de cinco trabajadores de la Empresa de Correos del Ecuador y de los habitantes de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Imbabura y Azuay enjuiciados por las empresas mineras. Este último caso suscitado el 23 de marzo de 2008 en la provincia del Azuay, por campesinos del Cantón Nabon contra la minera Explosur y en defensa del bosque protector, a pesar de la amnistía, tendrá otro agravante en 2010.

El 31 de Julio de 2008 la Constituyente mediante un Mandato otorgó la amnistía a 362 luchadores populares. Posteriormente nació la Constitución de Montecristi, un paso adelante en la lucha de los pueblos y trabajadores del Ecuador.

2009 un año crucial

Como establecía el régimen de transición, se convocaron a elecciones en 2009, todavía el escenario planteaba el respaldo a la reelección de Correa, a pesar de los matices existentes. Correa ganó en primera vuelta con el 51.9%, destacando el voto decisivo de la izquierda ecuatoriana, de sus organizaciones sociales y populares.

Desde que Rafael Correa asumió en 2009 fue más evidente el abandono del proyecto de cambio. Poco a poco los partidos que le apoyaron en un inicio PK, MPD y otras organizaciones sociales fueron marcando distancia. El régimen contrastó una clara orientación antipopular y contraria a la Constitución de Montecristi, restringiendo derechos y aplicando políticas autoritarias.

La resistencia de la CONAIE y la UNE

A inicios del 2009, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Minera sin la participación y socialización del texto. En iguales condiciones se debatió la ley de aguas, dejando al margen las propuestas de los sectores indígenas y sociales. Las movilizaciones contra la ley minera y de aguas iniciaron.

En mayo del año 2009 como una expresión de la política contra el magisterio de parte del gobierno, se pretendió imponer a través del Ministro de Educación Raúl Vallejo[1] una evaluación punitiva e inconstitucional. Se militarizó las instituciones educativas, inició un proceso de represión y persecución contra los docentes, según datos de la UNE, más de cien maestros fueron destituidos y 3 mil sumariados para ser destituidos.

Mediante la aprobación de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio en el llamado "congresillo" Alianza País legalizó la "evaluación" sancionadora, se eliminó los derechos sindicales, se prohibió la utilización de locales para reuniones gremiales, iniciaron los juicios a dirigentes del magisterio y se ordenó la asfixia económica a la organización de los maestros.

El 11 de septiembre de 2009, la Unión Nacional de Educadores (UNE) a la cabeza de su presidenta, en ese entonces la profesora Mery Zamora, anunciaron un paro nacional indefinido de actividades para el 15 de ese mes.

Para el 21 de septiembre de 2009 los presidentes en ese entonces, de la Conaie Marlon Santi, y de la Ecuarunari Humberto Cholango anunciaron un paro nacional como medida de protesta contra la nueva ley minera y la ley de aguas. Iniciaba una primera medida de fuerza entre las principales organizaciones sociales CONAIE - UNE y el gobierno de Correa.

Un hecho que marca el escenario político se produjo el 29 de septiembre de 2009 en la provincia de Morona Santiago, el gobierno de Correa se mancha las manos de sangre, cayó asesinado el maestro bilingüe Shuar Bosco Wisuma por un impacto de perdigón, en medio de las protestas convocadas por la UNE y CONAIE. Contrariamente, este caso dio inicio a un proceso penal contra varios dirigentes indígenas de la Federación Interprovincial de Centros Shuar –FICSH filial de la CONAIE, acusándolos de ser los responsables de la muerte del profesor Wisuma.

El 6 y 7 de octubre de 2009, la CONAIE y la UNE respectivamente, doblegaron al régimen y lo obligaron a sentarse a dialogar y a escuchar sus demandas. Esto significó un triunfo más de la movilización y protesta social que dejó una víctima bajo la responsabilidad del gobierno.

EL CIERRE DE "LA VOZ DE ARUTAM"

En diciembre de 2009, el Consejo Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) canceló el contrato de concesión de frecuencia a la Radio la Voz de Arutam principal medio de difusión del pueblo shuar y que constituyó una voz importante en las movilizaciones de la CONAIE en septiembre de ese año. Esta radio representa la resistencia del pueblo Shuar frente a la política del gobierno. Debido a la presión social la radio no fue cerrada y funciona en la actualidad aunque con el acoso y la presión gubernamental a las espaldas. Este es un ejemplo de cómo a la par iniciaban procesos de judicialización y persecución a medios de comunicación.

Detención de Marcelo Rivera Presidente de la FEUE

Meses antes de la detención de Marcelo Rivera, el Presidente Rafael Correa en una de sus cadenas sabatinas, manifestó que el dirigente estudiantil debería estar preso, esto por varias movilizaciones realizadas en el mes de octubre de 2009 cuando estudiantes, docentes y autoridades de varias universidades expresaron su inconformidad con la Ley de Educación Superior LOES propuesta por la Secretaria Nacional de Planificación para el Desarrollo SENPLADES, que en efecto lesiona la autonomía universitaria, limita la gratuidad en las Instituciones de Educación Superior Públicas del país, etc.

La represión ejercida durante estos meses a la protesta de los universitarios en muchos casos fue brutal. Los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi bloquearon la vía principal exigiendo mayor presupuesto, la represión no se hizo esperar, dos estudiantes fueron agredidos uno de ellos Mauricio Gutiérrez fue detenido, agredido y puesto en libertad al siguiente día. (Estudiante Mauricio Gutiérrez sufre agresión por parte de la Policía Nacional

http://www.youtube.com/watch?v=qNDza03ufLw)

El 8 de diciembre de 2009 fue detenido Marcelo Rivera por la fuerza policial en un operativo que irrumpe en la Universidad Central del Ecuador, cuando se realizaba una acción de protesta estudiantil rechazando la actuación del Rector Edgar Samaniengo ante la eliminación de la gratuidad de la educación, la aprobación de un estatuto universitario inconsulto, la falta de respeto a los procesos democráticos de la FEUE, y la Universidad Popular.

En este caso existe un sinfín de irregularidades. El poder gubernamental se ensañó contra este dirigente estudiantil que fue linchado mediáticamente y crucificado como "terrorista". No existió el debido proceso, en la audiencia de juzgamiento el Rector de la UCE declaró no haber sido agredido por Marcelo Rivera, y aún así fue sentenciado por agresión terrorista: 3 años de prisión y 300 mil dólares. Se le negó la pre libertad y cerca del año y medio fue trasladado ilegalmente de Quito a la ciudad fronteriza de Lago Agrio a una cárcel de máxima seguridad junto a paramilitares y narcotraficantes, donde todavía se encuentra. Marcelo Rivera presidente de la FEUE se convirtió en el primero preso político del gobierno de Rafael Correa.

Declaraciones desde la cárcel de Marcelo Rivera

(http://www.youtube.com/watch?v=-n0h9AH25W8&;feature=related )

Chimbo Bolívar

En 2010, el miércoles 24 de marzo se llevó a cabo un espectacular operativo policial acompañado de fiscales, funcionarios de gobierno y del Servicio de Rentas Internas para "incautar armamento y maquinarias no justificadas" en el cantón San José de Chimbo, en la provincia de Bolívar, una pequeña población de armeros que soportó el uso abusivo de la fuerza y de la brutalidad contra gente paradójicamente desarmada, se produjeron algunos heridos y gente conmocionada.

La forma de actuar del gobierno dejaba planteado la metodología que utilizaría hasta los actuales momentos, en cuanto a imponer la ley.

(Video decomiso armas en Chimbo

http://www.youtube.com/watch?v=NcNfr9D1pEg ).

Detención dirigentes Shuar

El 1 de febrero de 2011 se produjo la detención de los dirigentes de la Federación Shuar: Pepe Acacho, Pedro Mashiant y Fidel Kaniras. En un "espectacular" operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional, fueron encausados por sabotaje y terrorismo por hechos ocurridos en septiembre de 2009 en medio de la paralización de la CONAIE y UNE, donde murió el profesor shuar Bosco Wisuma. Por su "alta peligrosidad" fueron trasladados en helicóptero desde Morona Santiago a la ciudad de Quito. Posteriormente fueron liberados pero el proceso judicial continúa.

(Dirigente Shuar Pepe Acacho, declaraciones

http://www.youtube.com/watch?v=xzkLjbi2G3E )

Campesinos de Nabón con sentencia de 8 años de prisión

El 31 de Julio de 2008 la Constituyente mediante un Mandato otorgó la amnistía a 362 luchadores populares, entre ellos a 7 campesinos de la parroquia Cochapata, Cantón Nabón, que el 23 de marzo de 2008 protestaron contra la minera Explosur, en defensa del bosque protector.

Desconociendo la Amnistía de la Asamblea Constituyente, la Segunda Sala de lo Penal del Azuay los condenó por sabotaje y terrorismo a 8 años de prisión en abril de 2010. Los siete campesinos pasaron entonces a la clandestinidad. (Testimonio campesinos en la clandestinidad de Nabón http://www.youtube.com/watch?v=jtlzqmSvVXQ)

Luego de un año de vivir en la clandestinidad y más de tres en la incertidumbre por el juicio instaurado, el Defensor del Pueblo Fernando Gutiérrez planteó a la Asamblea Nacional la amnistía para los siete campesinos de Nabòn la misma que fue aprobada en diciembre de 2011 por el legislativo.

El gobierno no olvida ni perdona

Marco Guatemal presidente de la Federación de los Pueblos Kichwas de la Sierra Norte, Chiljallta FICI, fue detenido el 25 de octubre de 2011 acusado de obstrucción ilegal de vías públicas en mayo de 2010 cuando se desarrollaron protestas contra la Ley de Aguas.

La libertad de este dirigente indígena fue conseguida con la movilización social y popular, más de mil 500 personas llegaron a la audiencia de juzgamiento desarrollada en la ciudad de Ibarra. El respaldo se extendió en otras ciudades del país.

(Declaración CONAIE ECUARUNARI

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;v=e_

UAptHE1q0#! )

(Declaración Libertad Marco Guatemal

http://www.youtube.com/watch?v=c-3wV4xn6h8&;feature=related)

Herido Edison Cosíos estudiante del Colegio Mejía en protestas contra el Bachillerato Unificado

El Bachillerato General Unificado BGU a breves rasgos, una propuesta improvisada e inconsulta, que pretende elitizar la educación generó protestas de los estudiantes secundarios en el país. Reclamaban información, consulta, diálogo pero a cambio recibieron represión.

(Lady Morales presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador - FESE

http://www.youtube.com/watch?v=yp5hO1zTjsI&;feature=

player_embedded#!)

El 15 de septiembre de 2011, cayó herido y posteriormente en estado de coma el estudiante de 17 años, del quinto curso del Instituto Nacional Mejía, Edison Cosíos, por el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza, cuando miembros de la policía invadieron los predios del plantel. Hasta la fecha los responsables tanto materiales como intelectuales siguen libres. El presidente Rafael Correa en una de sus sabatinas manifestó que no dará marcha atrás, que el nuevo bachillerato "va porque va".

(Estudiante herido tras protestas

http://www.youtube.com/watch?v=xopJhbiTKq0&;feature=related)

Represa Multipropósito Chone sobre la población de Río Grande

Un pelotón de más de 500 policías y militares irrumpió la madrugada del 18 de octubre de 2011, al sector de Río Grande, Cantón Chone Provincia de Manabí para desalojar a campesinos, niños, mujeres, ancianos, asentados en el Campamento de Resistencia en Defensa de Río Grande que rechazaban la construcción de un mega proyecto: el Multipropósito Chone una represa que se prevé inundará unas 6 mil hectáreas de alto valor agrícola en Río Grande y provocará el desalojo de más de mil familias. Se militarizó la zona. El resultado del desalojo: dos niños desaparecidos, dos mujeres gravemente heridas, una mujer al borde del aborto, el líder comunitario Alfredo Zambrano herido y detenido.

(Testimonios de campesinos de Río Grande

http://www.youtube.com/watch?v=UXlMHGrorjo)

(Canción de Resistencia Chone http://www.youtube.com/watch?v=-D-nmUct3yg&;feature=related)

Un año de lucha social en el Cantón Santa Isabel

Santa Isabel es un cantón donde se encuentra asentada la concesión de agua más importante de la provincia del Azuay a favor del grupo Eljuri, y ratificada por este gobierno.

Rodrigo Quezada, alcalde de Santa Isabel por el MPD, reelecto por segunda ocasión, en 2008 declaró cantón libre de minería a gran escala y cielo abierto transformándose en el primer cantón en el país en tomar un punto de vista contraria a la mega minería que impulsa el régimen.

El 20 de mayo de 2011 la jueza décimo tercera de lo civil de Santa Isabel declaró ilegalmente la destitución del alcalde de Santa Isabel, se puso en evidencia las presiones políticas del gobierno de Correa y la dirección provincial de Alianza País.

Debido al respaldo popular, el alcalde Rodrigo Quezada se mantuvo en la municipalidad a pesar del bloqueo ilegal e inconstitucional de sus cuentas en el Banco Central. El día jueves 27 de octubre un pelotón de policías acompañado de un grupo de militantes de PAIS invadió Santa Isabel con el fin de tomarse el edificio de la alcaldía causando una serie de destrozos. Nuevamente la acción popular impidió esta agresión y tanto la policía como los partidarios de gobierno no pudieron ingresar al municipio.

En enero de 2012, en horas de la madrugada policías y militares se tomaron la municipalidad de Santa Isabel, reprimiendo brutalmente a la población. El saldo varios heridos y dos campesinos agredidos. Zoila Guayllasaca campesina del sector fue detenida, agredida y abandonada desnuda en las afueras de Santa Isabel.

El 22 de febrero de 2012 mediante sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Laboral Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay se acogió la acción de protección presentada por un grupo de ciudadanos de Santa Isabel para que se respete la decisión soberana del pueblo al elegir a Rodrigo Quezada como alcalde.

Fue un año de lucha en defensa de la alcaldía que el pueblo de Santa Isabel libró. Luego de cada acción del pueblo en las calles, se instauraron juicios penales contra pobladores por sabotaje y terrorismo y otros delitos pasando de lo político a tipificarlo como delincuencial para deslegitimar la lucha, en suma son cerca de 80 procesos abiertos contra comuneros, dirigentes, mujeres, etc., de este cantón.

Posterior a la restitución del Alcalde, la persecución y criminalización continúa, ya el 27 de marzo de 2012, se dictó la orden de prisión preventiva en contra de Wilson Guamán, Rosa Merchán, Libia Merchán y Blanca Ramón, a través de la ya conocida figura de sabotaje y terrorismo.

(Santa Isabel un año en lucha http://www.youtube.com/watch?v=EalIFzwUAps&;feature=related)

Operativo Sol Rojo

El 3 de marzo de 2012, sorprendió un operativo espectacular en el sector de Luluncoto en la ciudad de Quito. El GIR un grupo especial de la Policía Nacional allanó un departamento donde se encontraban reunidos jóvenes profesionales para discutir la situación política, el buen vivir y su participación en la marcha plurinacional por el agua, la vida y la dignidad desarrollada del 8 al 22 de marzo de 2012.

El delito "atentar a la seguridad del Estado", la justificación supuestamente ser responsables de la explosión de bombas panfletarias en Quito, Cuenca y Guayaquil en diciembre de 2011, ante la visita del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Desde las 16h00 del 3 de marzo fueron retenidos los diez jóvenes, esposados, agredidos sin respetar sus derechos humanos y constitucionales. Fadua Tapia joven embarazada fue lanzada al piso sin consideración alguna. Luego fueron esposados y encerrados en una habitación hasta las 22h00 en los que recién se les permitió realizar una llamada. Las "pruebas" encontradas: celulares, laptops, 25 dólares, mochilas, maquillaje, cuadernos, libros y periódicos al parecer "evidencia" contundente para armar explosivos.

En este caso, como en los otros, no se ha respetado el debido proceso y peor los derechos humanos. Dos meses después, mediante un operativo coordinado la Policía Nacional, de forma simultánea allanó los domicilios de los diez presos políticos. Desde las 05h00 en las que ingresó el GOE grupo especial de la policía, de forma violenta, irrespetando la presencia de niños, mujeres y personas de la tercera edad, en medio de amenazas se mantuvieron hasta las 10h00. El fin, forjar pruebas?. Lo encontrado e incautado: literatura universal, poster y camiseta del Che, música protesta, etc.

Los detenid@s: Abigail Eras, Fadua Tapia, Cristina Campaña, Roys Gómez, Pablo Castro, César Zambrano, Santiago Gallegos, Victor Hugo Vinueza, Hector Javier Estupiñan, Luis Marcelo Merchan.

7 dirigentes sociales Cotopaxi

El 17 de abril de 2012, el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Cotopaxi presidido por Luis Balarezo, sentenció a 1 año de prisión Hernán Yánez Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Edwin Lasluisa Secretario nacional de la FEUE, Xavier Cajilema concejal y director del MPD, Paúl Jácome asambleísta alterno, Richard Artieda (militante del MPD), determinándolos como "autores del hecho", mientras que Silvia Bravo (docente de la UTC) y Carlos Albán fueron sentenciados a seis meses en condición de "cómplices y encubridores".

El proceso se inició por los hechos del 30 de septiembre de 2010. La sentencia se dio bajo presión gubernamental, pese a la contradicción de varios de los testigos de la fiscalía e inclusive declaraciones como la del Coronel Edmundo Moncayo, quien dijo que el 30S únicamente hubo una marcha de varias organizaciones populares y que no existió ningún disturbio.

A dónde va el régimen?

Al parecer está en Marcha un proyecto peligroso que pretende controlarlo todo, para ello están articulando varios estamentos, leyes, organismos, etc. Modernizan y perfeccionan todo el aparato represivo que permita el avance de la "Revolución Ciudadana". Se pretende configurar un Estado policiaco.

Es evidente la persistente utilización del poder y de las estructuras estatales para judicializar la protesta. Este, es un recuento de los hechos más relevantes, sin menospreciar a los cientos de casos que existen. Evidentemente se requieren mayores desafíos para la protección y cumplimiento de los derechos establecidos tanto en la Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que van más allá de emitir informes o análisis, sino de reclamar su cumplimiento en las calles y plazas del país, perdiendo el miedo a la maquinaria gubernamental.

Por Karla Calapaqui

Fuente: Fetralpi Ecuador

 

   
N°222----15/06/2012