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LA TORMENTA PERFECTA 

FALLOS JUDICIALES Y SUSPENSIONES PONEN EN CRISIS EL SISTEMA DE TELEVISIÓN 

Por Edison Lanza / Brecha -

Marzo 2013  

 

La apuesta de la industria televisiva nacional a los mercados oligopóligos y cerrados hace agua por un doble fenómeno: la llegada de la TEVÉ digital abierta y la victoria en los tribunales de Claro TV, lo que permitirá al gigante mexicano ofrecer televisión satelital directa al hogar en todo el país. Paradójicamente, la ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA), resistida durante los últimos años por ANDEBU, puede transformarse ahora en la tabla de salvación para la televisión comercial nacional. 

A comienzos de febrero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló una resolución adoptada en 2009 por el ex presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Industria Daniel Martínez, que a su vez había revocado una resolución de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) que había habilitado a la telefónica Claro (propiedad del magnate mexicano Carlos Slim), a prestar el servicio de televisión satelital. 

Esa decisión del primer gobierno de izquierda –además de producir una minicrisis entre el Ejecutivo y el órgano regulador– operó como un freno a la competencia que la TEVÉ satelital acarrea para las empresas nacionales de televisión paga. 

Cuatro años atrás, la moneda de cambio para detener a las multinacionales fue el Plan Cardales, una idea del gobierno de Vázquez que modeló Miguel Brechner (encargado del Plan Ceibal), cuyo objetivo era solucionar el dilema que representa la convergencia de plataformas tecnológicas y universalizar el acceso al denominado triple play (televisión para abonados, telefonía y datos). 

El esquema era instrumentar desde el gobierno una alianza de las empresas de TEVÉ para abonados nacionales y ANTEL, para progresivamente ir incorporando luego a las multinacionales. Pero el Cardales finalmente fracasó por su poco atractivo (pocas señales, alto costo, etcétera) y porque no todos los canales estaban interesados en un acuerdo con ANTEL. El actual gobierno desactivó el plan, como una de sus primeras medidas en el campo de las telecomunicaciones. 

Tierra de gigantes 

Cuatro años después del Cardales, la resolución de la justicia administrativa cayó como un balde de agua fría en el Poder Ejecutivo, según explicó a Brecha un alto jerarca vinculado a la política de comunicación. Pero además prendió la alarma en los cuarteles de las empresas televisivas de capitales nacionales. 

El TCA encontró que la revocación de la licencia de CLARO TV por parte del gobierno de Vázquez constituye un acto contrario a la ley y al reglamento de licencias de telecomunicaciones. Afirma que fue una decisión arbitraria, ya que "no existía una sanción o un interés público imperativo" que habilitara la revocación intempestiva. "El documento que sirvió de guía para la implantación del referido plan (Cardales) se redactó y aprobó con posterioridad a la revocación de la licencia", explica la sentencia. La revocación "en cualquier momento" no equivale a revocación "por cualquier motivo", de modo "que para que la revocación sea procedente y legítima se requerirá un grave motivo de interés público que la determine", remató el tribunal, que reconoció los "derechos adquiridos" por Claro, luego de que quedara firme la resolución de la URSEC que le dio la licencia para operar televisión satelital por diez años. 

Varias fuentes consultadas por Brecha indicaron que hubo jerarcas del área de las telecomunicaciones que hace un par de años advirtieron a altos miembros del Ejecutivo sobre una virtual derrota en el TCA, pero los servicios jurídicos de ANTEL sugerían seguir adelante con el juicio. Hoy esa posibilidad se ha cerrado y América Móviles (TELMEX) amenaza además con una demanda millonaria al Estado por el lucro cesante de cuatro años. 

Lo cierto es que la sentencia del TCA permite el ingreso de la megaempresa de Slim, pero además abre la puerta al ingreso de otras multinacionales. Detrás de Claro, el grupo español Telefónica (MOVISTAR) también anunció que aspira a operar en el mismo mercado; a su vez, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones tiene a estudio un tercer pedido de un empresario para ofrecer el mismo servicio. 

Los operadores locales conocen bien que las multinacionales de las telecomunicaciones han ganado experiencia en los mercados de la televisión para abonados de la región. CLARO y MOVISTAR ya se hicieron con el liderazgo en Chile y Perú, a fuerza de ofrecer paquetes con precios bajos en tres servicios (triple play) que hoy se han vuelto la puerta de acceso a bienes culturales para los ciudadanos. 

Con este panorama, también es probable que ANTEL quiera reactivar su proyecto de ofrecer un paquete propio de TEVÉ para abonados a través de la red de fibra óptica directa al hogar que está tendiendo, y que fue desactivado a instancias del Ejecutivo, para que la telefónica estatal no compita con el oligopolio de la TEVÉ y se concentre en construir la carretera para transportar datos, audio y video.

Con tamaños jugadores frotándose las manos, los tres grandes de la televisión nacional se convierten en pequeñas y medianas empresas (PYMES) y los cableros del interior del país, que ya se quejaban amargamente de la competencia que les hacía DIRECT TV, son microempresas. 

Nacionales versus extranjeros 

Por todo ello, desde el día siguiente al que el TCA pronunció su fallo favorable a Claro, los teléfonos de los funcionarios que manejan la política de telecomunicaciones no pararon de sonar. Esta vez el objetivo no es detener el ingreso de nuevos operadores a la TEVÉ digital abierta –concurso público que el Poder Ejecutivo dejó en suspenso el 23 de enero último (véase recuadro)–, sino detener el ingreso de las telefónicas a la TEVÉ para abonados. 

ANDEBU también presentó un recurso contra la resolución original, que habilitó a CLARO a operar, y que ahora ha retomado vida jurídica, e incluso ha pedido la suspensión de las operaciones como medida cautelar. "En Uruguay existen más de 200 operadores para televisión para abonados y el operador local no tiene mucho margen de movimiento, (con el ingreso de Claro) puede haber efectos adversos", declaró ayer jueves Rafael Inchausti, presidente de ANDEBU (En perspectiva", 810 AM). Ante una política de precios predatoria de las multinacionales "los impactos en los cableros nacionales pueden ir de bajar precios, bajar costos a cerrar sus cortinas", vaticinó.

La inquietud proviene tanto desde los tres grandes de la televisión como de las empresas de TEVÉ para abonados del Interior (muchos de cuyos adjudicatarios son dirigentes políticos que fueron beneficiarios durante los noventa), que ya habían desarrollado un lobby persistente para lograr que el gobierno aprobara, el 31 de diciembre pasado, un decreto en el que estableció que ninguna empresa de televisión para abonados con licencia nacional (léase DIRECT TV) puede "superar el 25 por ciento del total de hogares de todo el país conforme a resultados del censo del año 2011". 

Con la autorización en la mano, el gerente de Claro, Horacio Alvarellos explicó que Claro tv quiere brindar "una opción más de las que hay y que el cliente defina por la grilla y el esquema de precios". "El plan de negocios no está hecho, pero puedo asegurar que será similar al que tenemos hoy en el mercado", expresó al Portal 180. A renglón seguido lanzó el guante a las empresas nacionales nucleadas en ANDEBU: "La competencia debería centrarse en prestar un buen servicio y no en buscar un monopolio, después de cuatro años y medio", disparó. 

Si tomamos individualmente a las empresas para abonados TCC, MONTECABLE y NUEVO SIGLO, no superan el 10 por ciento de los hogares de Montevideo (50 mil abonados) cada una, pero en los hechos operan en conjunto a través de licencias propias y de los contratos de EQUITAL (empresa conjunta de los tres grandes para vender señales y tender las redes). De este modo generan un oligopolio que en total atiende al 46 por ciento de los abonados a nivel nacional. El grupo Clarín con 100 mil abonados está apenas por encima del 20 por ciento del mercado y los restantes operadores del interior del país, más DIRECT TV, se reparten poco más del 30. 

Telefónicas y cultura

La convergencia de los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales plantea crecientes desafíos a los marcos regulatorios a nivel global, ya que las redes actuales pueden brindar diversos servicios con una misma plataforma. 

Como sucede ante cualquier cambio tecnológico en las comunicaciones, la convergencia es una oportunidad para ampliar las opciones, aunque si no se actúa desde la regulación de forma adecuada todo puede culminar en un aumento del poder de mercado de las telefónicas multinacionales, o de éstas en alianza con los grupos más concentrados.

Tanto en Europa como en algunos países de América Latina, una línea de acción ha sido intentar que estos mercados permanezcan separados, el de telecomunicaciones con una lógica mercantil, vinculado a la Organización Mundial del Comercio, y el de televisión con una lógica cultural, vinculado a la Convención de la Diversidad Cultural de la UNESCO. 

Sin embargo la convergencia tecnológica se ha revelado como un fenómeno difícil de frenar, y ha tomado de sorpresa a los gobiernos y a los parlamentos. 

A modo de ejemplo, en México el poder concentrado de TELEVISA y TV AZTECA (un dúo polio en TEVÉ abierta y para abonados) mantuvo por un buen tiempo a TELMEX (Slim) alejado del mercado televisivo. Pero en 2008 la empresa Dish de TEVÉ para abonados suscribió una alianza estratégica con Telmex y armaron una suerte de triple play comercial (al estilo del que tienen en Uruguay ANTEL y TCC, de CANAL 10). Telmex le presta servicios de facturación y proporciona espacio en sus tiendas minoristas para que Dish venda suscripciones de TEVÉ paga. Ofrecieron menos canales con una drástica reducción en el precio, más servicios de telefonía, y en dos años consiguieron 2 millones de suscriptores (40 por ciento del mercado). 

Con los años, Claro se expandió como una mancha en el mapa de la televisión paga directa al hogar (DTH) de todo el continente. Hoy pelea el liderazgo en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y gran parte de América Central. 

En Argentina, la polémica ley de servicios de comunicación audiovisual ("ley de medios") mantiene la separación entre telefónicas y televisoras hacia el futuro. Su artículo 46 establece el principio de "no concurrencia", aunque como excepción respeta las licencias de TEVÉ abierta analógica ya vigentes, en referencia a la licencia de televisión propiedad de TELEFÓNICA. 

Dos leyes demoradas 

Al inicio del actual período, el Ejecutivo anunció que uno de los objetivos era preservar a la televisión como servicio cultural, y prometió enviar al Parlamento los proyectos de dos leyes diferenciadas: uno sobre medios audiovisuales y otro sobre telecomunicaciones.

De hecho, las bases del proyecto elaborado por el Comité Técnico Consultivo (CTC) de la lsca ya fueron traducidas en un articulado hace varios meses, pero el Ejecutivo aún no lo ha enviado al Parlamento. Por otra parte, una ley de telecomunicaciones –también demorada– debe definir el tipo de convergencia tecnológica que impulsará el gobierno.

El principal obstáculo para que el país avance en una ley de servicios de comunicación que por fin sustituya a la ley de radiodifusión aprobada en dictadura ha sido la prédica de ANDEBU y cuta (los cableros locales del Interior), visión que luego es amplificada por los partidos de oposición. 

Paradójicamente, una ley de este tipo –además de democratizar la comunicación- los hubiese protegido del desembarco de capitales extranjeros en la TEVÉ y habría sido el incentivo para apostar a los contenidos nacionales para insertarse en el mundo. 

De acuerdo al proyecto de ley al que accedió Brecha, en lo que refiere a la TEVÉ para abonados ningún grupo puede tener más de seis autorizaciones para ofrecer este servicio en todo el país, pero si alguna de ellas se encuentra en Montevideo ese límite desciende a tres. 

El proyecto incluye una disposición clave, a la luz del reciente fallo del TCA, relativa a lo que técnicamente se conoce como "límites a la propiedad cruzada". La disposición proyectada prohíbe a las empresas de televisión prestar servicios de comunicación de cualquier especie y acceder a una licencia de telecomunicaciones para ofrecer telefonía o datos (Internet). Pero también, a la inversa, limita a las telefónicas en el acceso a licencias de servicios de comunicación. 

Como contrapartida, los grupos de televisión actuales podrán mantener el control de la televisión abierta, la televisión para abonados y la radio de una misma localidad, si es que aceptan un nuevo marco regulatorio con las nuevas condiciones (producción nacional, equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos, regulación de la cláusula de conciencia, nuevo diseño institucional, entre otros).

Sergio de Cola, director de DINATEL, dijo a Brecha que su repartición sigue trabajando tanto en el proyecto de lsca como en el llamado a televisión digital, y cree que estas dos iniciativas ayudarán a resolver la crisis que se avecina con el fallo favorable a Claro tv. "Las crisis son oportunidades y es un buen momento para resolverla", explicó. 

Consejo Asesor Independiente advierte al gobierno 

Firme y urgente 

Una mayoría de la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI), creada cuatro años atrás para dotar de transparencia y control social a la asignación de frecuencias de radio y televisión, recomendó ayer al gobierno que "realice con urgencia el llamado a interesados en ofrecer servicios de televisión digital y tome los recaudos para que las adjudicaciones puedan realizarse antes del 26 de octubre". 

La resolución fue firmada por la Asociación de la Prensa (APU), los Radiofusores del Interior (RAMI), la Sociedad de Actores (SUA), el Serpaj y la Licenciatura de Comunicación de la Universidad de la República, y en ella agregan que "al realizar estos llamados no introduzca excepciones para los actuales adjudicatarios como las dispuestas en el decreto del 31 de diciembre pasado".

En los fundamentos de la resolución la CHAI recuerda que "no corresponde, en cambio, adjudicarle a cada uno de ellos (por los canales 4, 10 y 12) un canal completo (seis megahercios), porque ello equivale a habilitar, para cada empresa, una señal en alta definición (HD), hasta tres señales en definición estándar (SD) dependiendo de la compresión (mpeg-2 o mpeg-4), una señal para recepción en telefonía móvil, computadores portátiles o vehículos, además de servicios interactivos". "Dado que estas empresas no ofrecen esta variedad de servicios audiovisuales actualmente, deberían competir en igualdad de condiciones con los nuevos interesados", agregaron. 

El decreto del 23 de enero suspendió el llamado a interesados para Montevideo en función de que habría eventuales oferentes que requieren más plazo. "Pero en lugar de extender el plazo se establece solamente la suspensión (…)", expresa la CHAI. "Esto resulta sumamente preocupante porque se corre el riesgo de paralizar el proceso de implementación de la televisión digital en el país hasta 2015. Cabe recordar que a partir del 26 de octubre ya no es posible realizar adjudicaciones de radio y televisión, porque como establece la ley 17.909 de 2005, éstas no pueden realizarse un año antes y seis meses después de las elecciones nacionales", advierten las organizaciones. La CHAI está integrada también por delegados de las universidades privadas, ANDEBU, el MEC y el MIEM. 

 

Fuentes: Edison Lanza / Semanario Brecha / Coalición Comunicación Democrática / COMCOSUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

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N°259--22/03/2013