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Denuncias

Amenazas de muerte y desalojos forzosos contra campesinos de Tamarindo

Amnistia Internacional

 

Un líder campesino de El Tamarindo, en el norte de Colombia, recibió una amenaza de muerte el 25 de marzo. Días antes, varios hombres armados, presuntamente paramilitares, atacaron y amenazaron a los campesinos de El Tamarindo tras el desalojo forzoso de 43 familias de sus tierras.

El 25 de marzo, Juan Martínez, uno de los líderes de la Asociación de Trabajadores del Campo (ASOTRACAMPO) estaba en su casa de la finca El Tamarindo, en el municipio de Galapa, departamento de Atlántico, cuando le amenazó una mujer implicada en un grupo de hombres armados, presuntamente paramilitares: "Hasta hoy está vivo Juancito, ya tenemos a la gente para que lo maten".

El 22 de marzo, 15 hombres armados de machetes, presuntamente paramilitares, bloquearon la carretera de salida de la finca El Tamarindo. Detuvieron un coche en el que viajaban varios campesinos de El Tamarindo, trataron de sacar a Juan Martínez del vehículo y golpearon a Rainil Marmolejo, miembro también de ASOTRACAMPO, que conducía el coche. Uno de los hombres armados dijo: "cuídense porque esto no va a quedar así". Ese mismo día, uno de los hombres armados amenazó con quemar las casas de los campesinos. El 21 de marzo, 43 familias de la finca El Tamarindo habían sido desalojadas forzosamente de la zona de Campo Natasha por orden del alcalde de Barranquilla.

ASOTRACAMPO representa a algunas de las familias que viven en El Tamarindo. La finca El Tamarindo está ocupada pacíficamente desde 2001 por 130 familias desplazadas forzosamente en el curso del conflicto armado. Ha habido reiterados intentos de expulsarlas de las tierras de El Tamarindo, que desembocaron en el desalojo forzoso de algunas de ellas en mayo, junio, julio y noviembre de 2013. El 30 de octubre de 2013 fueron declarados "objetivos militares" por el grupo paramilitar Rastrojos – Comandos Urbanos Barranquilla.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

 Instando a las autoridades a que garanticen la seguridad de las familias y simpatizantes de El Tamarindo, de estricta conformidad con sus deseos y necesidades, a fin de proseguir con su campaña por el reconocimiento de sus derechos a las tierras de El Tamarindo;

 Pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre el ataque y las amenazas de los hombres armados, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;

 Recordando a las autoridades que deben garantizar el derecho a un recurso efectivo a las víctimas de desalojos forzosos y el derecho de las personas desplazadas que viven en El Tamarindo a un reasentamiento en condiciones de seguridad y dignidad, con arreglo a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU.

Fuente: http://justiciaypazcolombia.com/

 


 

Paz

La Cumbre Agraria frente al fracaso de la guerra contra las drogas

FARC EP

marzo de 2014

Constatamos con satisfacción que, al referirse a los problemas más urgentes del mundo rural, la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, ha trazado caminos de entendimiento mediante propuestas que se hace necesario atender. A grandes temas como la tenencia y uso de la tierra, los territorios colectivos, el ordenamiento territorial, la necesidad de una economía propia contra el modelo de despojo y lo más sensible en cuanto a lo que concierne a explotación minero-energética, agregaron sus opiniones sobre los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola.

¿Quiénes mejores conocedores de esta problemática y sus impactos, que los campesinos? Ellos son los que sufren la victimización, no los capos del capital financiero, verdaderos artífices del negocio del narcotráfico. Pero además, son estos compatriotas de la Colombia olvidada, quienes sufren el rigor de la persecución Estatal. Este es el tema que en la actualidad debate la Mesa de La Habana, y sin duda son las iniciativas de las comunidades rurales las que nos dan la clave para superar la fracasada y arbitraria guerra contra las drogas, que tanta contaminación, muerte y desesperanza trae a los pobres del campo, mientras se llenan los bolsillos de los narcotraficantes, que orondos se pavonean, posando de banqueros, políticos o prestigiosos empresarios, en el mundo de la falsa legalidad.

En la visión de los campesinos y comunidades rurales, no es la erradicación forzada y las fumigaciones aéreas que envenenan los campos lo que resolverá el problema; por ello hay que iniciar con redefinir los lineamientos de una nueva política antinarcóticos con enfoque humanizado que se comprometa con:

El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.

Un programa de sustitución participativo, concertado, gradual, ambientalmente sostenible que se inscriba en los marcos de una reforma rural integral profunda, estructural, que permita generar no solo fuentes alternativas a los cultivos de uso ilícito, sino a la existencia plena de las comunidades, brindando bienestar y buen vivir. Ello implica ligar estos programas de sustitución con el conjunto de la Reforma Rural Integral, a la planeación y ordenamiento territorial, al fortalecimiento de la economía campesina, etc., dentro de tiempos y procedimientos que ayuden a los afectados a salir de la miseria que los agobia, brindándole protagonismo y capacidad de decisión.

Una nueva política antidrogas, si algo debe erradicar son las aspersiones que tanto daño le han hecho al medio ambiente y la represión que atenta contra la vida y los derechos humanos de las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas. Una política fuera de los fracasos del prohibicionismo y el carácter punitivo, debe liberar a quienes han sido judicializados sin tomar en cuenta que se trata de víctimas de quienes desde las altas cumbres del poder económico, se lucran de un flagelo mundial.

Un Plan concertado debe librar de la aplicación de la extinción de dominio a los predios de campesinos y gente humilde de áreas rurales, que por diversas circunstancias se han visto obligados a cultivar marihuana, coca y amapola. Y alguna alternativa al destierro deberá buscarse para las miles de familias que también, por necesidad y porque la tierra ha sido tomada por los grandes latifundistas, han tenido que ubicarse en Parques Naturales o zonas de reserva ambiental.

En todo caso, una política de sustitución debe tener gradualidad, debe estar respaldada con inversión social en la ejecución de planes que cuenten con el acuerdo y la decisión de las comunidades, lo cual implica el rechazo a procesos de sustitución basados en la imposición de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares.

Los cultivos y otros proyectos productivos sustitutos que fortalezcan la economía campesina, comunitaria y solidaria deberán tener garantía de mercadeo y seguros a largo, mediano y corto plazo, que garanticen estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles, para lo cual es fundamental garantizar el acceso a la tierra, su formalización, la mejora de infraestructura, y el acceso a asistencia técnica y a tecnología.

Un Programa o Plan intergal de sustitución no debe pasar por alto el respeto y fortalecimiento de los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca, la amapola y la marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias, y cada proceso de uno u otro tipo deberá tener la impronta del manejo, fundamentalmente comunitario, y al lado de la atención de los problemas del campo en las dimensiones de la reforma Rural Integral, deberá atenderse el problema del consumo como asunto de salud pública que considere también a los adictos como víctimas y no como delincuentes, apuntando, sí, a atacar de manera soberana, el eslabón más fuerte, que está en el campo de los comercializadores: es decir, de los narcotraficantes.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

Fuente: http://justiciaypazcolombia.com/

 


 

Paramilitares y Estado, responsables de desgracias en Buenaventura

Escrito por Por: Semanario Voz, Redacción política

Martes, 01 Abril 2014

El puerto que será la entrada de Colombia al mercado asiático pasa por una crisis humanitaria que lleva décadas. Buenaventura visto como un negocio. La suerte del puerto más grande del Pacífico colombiano está en manos de la militarización, los herederos del paramilitarismo y los planes de la Alianza del Pacífico por convertir la ciudad en un parqueadero de buques y mercancías. Mientras el gobierno divulga estadísticas de supuesta superación de pobreza, la ciudad los aterriza a la realidad. Militarizar no es la solución. Un reflejo nacional

El pasado 20 de marzo la organización de derechos humanos Human Rights Watch dio a conocer un informe cuya conclusión es que los grupos paramilitares son, hoy por hoy, los responsables de la desaparición de residentes del puerto más importante del Pacífico. La violencia que vive Buenaventura, además de la indolencia estatal, ha provocado que los residentes abandonen sus humildes viviendas, convirtiéndose en el municipio con mayor desplazamiento forzado de Colombia.

En 2013 la violencia expulsó a más de 19 mil personas, el mayor registro de desplazamiento en cualquier departamento para el mismo año. Más de 150 casos por desaparición forzada fueron denunciados entre enero de 2010 y diciembre de 2013, cifra que duplica las reportadas en cualquier otro municipio en Colombia. El informe contiene una aterradora radiografía de una ciudad en manos de paramilitares que tienen a su servicio mafias para la criminalidad y el microtráfico en cada barrio y son los responsables de las desapariciones y descuartizamientos.

Las alertas

"En Buenaventura hay casas de pique", afirmó monseñor Héctor Epalza Quintero, obispo de Buenaventura, emplazando al gobierno nacional a ser más eficientes contra el paramilitarismo. "La gente le cuenta a uno como a horas de la noche se oyen los gritos de las personas '¡No me maten, no me maten, no sean malos!'. A esas personas casi digamos las pican vivas", confirmó el purpurado. Solamente un mes después de ser denunciadas estas prácticas las autoridades locales confirmaron lo que hasta ese momento consideraban hipótesis poco probable: las casas de pique sí existen.

Pero a pesar de los tozudos hechos, el ministro Juan Carlos Pinzón reclamó serenidad al referirse a ese fenómeno violento. En su reciente visita a la ciudad Pinzón dijo: "Denominar casa de pique como un hecho permanente o sostenido me parece que no es apropiado". Sin embargo, las voces ciudadanas que logran ser escuchadas en algunos medios de comunicación y prefieren, por seguridad, salvaguardar su identidad, señalan que desde la aparición paramilitar en 1998 se conocen esas prácticas criminales de descuartizamiento: "no es de hoy lo que está pasando en la ciudad".

Panorama desolador

Aunque el asunto ha sido denunciado mucho tiempo atrás, lo observado por organismos internacionales sorprende. La zozobra y el miedo acompañan como nunca antes a los habitantes del puerto. "La situación en Buenaventura es una de las más alarmantes que hemos observado en muchos años de trabajo en Colombia y la región", así lo describió José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Y añadió: "Tan sólo caminar por una calle equivocada puede provocar que uno sea secuestrado y desmembrado; por ende, no debería sorprendernos que los residentes huyan de a miles".

La principal actividad comercial del puerto es la pesca. Su déficit educacional responde a un indicador evidente: la más alta formación educativa para los jóvenes son los 16 programas que ofrece el SENA. Sin educación y sin salud la pobreza se agudiza y a los primeros en golpear es la población más vulnerable. "Los negros ponen los muertos", dicen. Las fuentes de empleo son precarias, los bonaverenses ven pasar la riqueza de Colombia exportada por el Pacífico y son testigos mudos de lo dejado por su puerto a la riqueza nacional, del orden de cuatro billones de pesos al producto interno bruto.

Complicidad oficial

Pero, ¿cuál es la razón que lleva a las autoridades nacionales a no atender la crisis humanitaria en el puerto? "Todos saben quiénes son, dónde están, pero tienen que callar", comentan. Los Urabeños y la Empresa son los principales grupos paramilitares, descendientes del Bloque Calima, con presencia en la ciudad y son quienes, entre otras, restringen la circulación de los habitantes locales con el establecimiento de barreras invisibles.

Además reclutan niños, extorsionan a comerciantes y participan en actos aberrantes de violencia contra cualquier persona que se interponga a sus intereses. Dicen en el puerto que los enfrentamientos entre paramilitares no solo se dan en el campo de la guerra sino en el político, pues son capaces de disputarse la alcaldía del puerto.

No obstante, las acciones gubernamentales para erradicar los agudos problemas de uno de los puertos más importantes de Colombia son cantos a la bandera. Un despliegue de fuerza militar es la respuesta a los índices de pobreza, desempleo y miseria que registra esa zona del país. Al menos 200 efectivos policiales serán el refuerzo para el puerto, mientras que militares de la Armada Nacional realizarán operaciones de patrullaje terrestre y fluvial.

Pero toda esa intervención, que según el ministro Pinzón tiene poco más de 60 días de implementada en el plan de seguridad, arroja inanes resultados. Ningún jefe paramilitar que opera en la zona es capturado y ningún programa de gobierno para solucionar la miseria.

El presidente Juan Manuel Santos, en etapa preelectoral, llegó a Buenaventura y prometió la Agencia para el Desarrollo del Pacifico, con una inversión de 800 mil millones. Promesas que, dicen los citadinos, no son suficientes para superar décadas de atraso que lleva a cuestas el distrito portuario. "No pedimos que nos aumente Familias en Acción, pedimos soluciones concretas y derechos como todos los colombianos. Este municipio le produce riqueza a la Nación pero la Nación no revierte en el municipio", dijeron voceros de la Arquidiócesis local.

Los negocios para Buenaventura

Los mayores índices de desplazamiento interno en Buenaventura se concentran en los barrios de la zona bajamar, cuya historia es escrita por pescadores desde hace 70 años, y curiosamente es la zona predispuesta por el gobierno nacional para la construcción de un parqueadero de contenedores en el llamado proyecto de expansión portuaria y la adecuación del malecón turístico. Para ello, se pretende desalojar de la zona al menos 3.400 familias. Adecuando el puerto para las necesidades del libre comercio.

Los bonaverenses poco entienden del entramado comercial que hay entre Chile, Perú y México para comunicar sus mercados con el continente asiático, pero tienen claro que nada de eso les servirá para soslayar su realidad sino tal vez para ahondar su crisis. Tan apáticos a la Alianza del Pacífico como lo son a las contiendas electorales. La mala suerte de ser una región rica en fauna y flora, pero también por estar ubicada en inigualable punto que el gobierno nacional ve y trata como un negocio al servicio de las transnacionales.

Fuente: http://anncol.eu/

n°308--4/4/2014
 

 

 

 

       

 

 

  

COLOMBIA