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No somos vasijas

Las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial

Mujeres en Red se suma a la campaña iniciada por filósofas y constitucionalistas españolas "No somos vasijas" que pretende erradicar la práctica del vientre de alquiler y que denuncia la "cosificación" del cuerpo de las mujeres.

Esta iniciativa, que firman entre otras las filósofas Amelia Valcárcel y Victoria Camps, y constitucionalistas como María Luisa Balaguer o Mar Esquembre, se suma a la campaña internacional "Stop Subrogación now" y busca abrir un debate que, según han denunciado en un comunicado, "no ha contado con la reflexión desde la perspectiva de los Derechos Humanos".


MANIFIESTO

LAS MUJERES NO SE PUEDEN ALQUILAR O COMPRAR DE MANERA TOTAL O PARCIAL

 

Las personas que suscriben este manifiesto muestran su preocupación ante los variados pronunciamientos a favor de la regulación de la maternidad subrogada, o la práctica de alquilar vientres de mujeres en favor de terceros. Para que los partidos políticos y los gobiernos, nacional y autonómicos, estén alerta y no se dejen engañar por campañas mediáticas, a todas luces parciales, deben tener presente que el deseo de paternidad/maternidad nunca puede sustituir o violar los derechos que asisten a las mujeres y los y las menores. El deseo de ser padres-madres y el ejercicio de la libertad no implica ningún derecho a tener hijos. Por ello mostramos nuestro absoluto rechazo a la utilización de los “vientres de las mujeres con fines de gestación para otros” que se fundamenta en las siguientes razones:

- Porque abogamos por el derecho a decidir de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos. La maternidad por sustitución niega a las mujeres gestantes el derecho a decidir durante el proceso de embarazo y en la posterior toma de decisiones relativas a la crianza, cuidado y educación del menor o la menor.

- Porque elegir es preferir entre una serie de opciones vitales. La elección va acompañada, a su vez, de la capacidad de alterar, modificar o variar el objeto de nuestras preferencias. La maternidad subrogada no sólo impide a las mujeres la capacidad de elección, sino que además contempla medidas punitivas si se alteran las condiciones del contrato.

- Porque la llamada “maternidad subrogada” se inscribe en el tipo de prácticas que implican el control sexual de las mujeres: si en las sociedades tradicionales, los matrimonios concertados o la compra por dote, son las típicas formas en que se ejerce el control sexual de las mujeres, en las sociedades modernas, la prohibición del aborto, la regulación de la prostitución y la maternidad subrogada son sus más contundentes expresiones.

- Porque alquilar el vientre de una mujer no se puede catalogar como “técnica de reproducción humana asistida”. Las mujeres no son máquinas reproductoras que fabrican hijos en interés de los criadores. Es, por el contrario, un evidente ejemplo de “violencia obstétrica” extrema.

- Porque el “altruismo y generosidad” de unas pocas, no evita la mercantilización, el tráfico y las granjas de mujeres comprándose embarazos a la carta. La recurrencia argumentativa al “altruismo y generosidad” de las mujeres gestantes, para validar la regularización de los vientres de alquiler, refuerza la arraigada definición de las mujeres, propia de las creencias religiosas, como “seres para otros” cuyo horizonte vital es el “servicio”, dándose a los otros. Lo cierto es que la supuesta “generosidad”, “altruismo” y “consentimiento” de unas pocas solo sirve de parapeto argumentativo para esconder el tráfico de úteros y la compra de bebés estandarizados según precio.

- Porque cuando la maternidad subrogada “altruista” se legaliza se incrementa también la comercial. Ningún tipo de regulación puede garantizar que no habrá dinero o sobornos implicados en el proceso. Ninguna legalización puede controlar la presión ejercida sobre la mujer gestante y la distinta relación de poder entre compradores y mujeres alquiladas.

- Porque no aceptamos la lógica neoliberal que quiere introducir en el mercado “los vientres de alquiler”, ya que se sirve de la desigualdad estructural de las mujeres para convertir esta práctica en nicho de negocio que expone a las mujeres al tráfico reproductivo.

- Porque las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial. La llamada “maternidad subrogada” tampoco se puede inscribir, como algunos pretenden, en el marco de una “economía y consumo colaborativo”: la pretendida “relación colaborativa” sólo esconde “consumo patriarcal” por el cual las mujeres se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial.

- Porque nos mostramos radicalmente en contra de la utilización de eufemismos para dulcificar o idealizar un negocio de compra-venta de bebés mediante alquiler temporal del vientre de una mujer, viva ésta en la dorada California o hacinada en un barrio de la India. Así es que nos afirmamos en llamar a las cosas por su nombre, no se puede ni se debe describir como “gestación subrogada” un hecho social que cosifica el cuerpo de las mujeres y mercantiliza el deseo de ser padres-madres.

- Porque la perspectiva de los Derechos Humanos supone rechazar la idea de que las mujeres sean usadas como contenedoras y sus capacidades reproductivas sean compradas. El derecho a la integridad del cuerpo no puede quedar sujeto a ningún tipo de contrato.

Así pues, nos declaramos en contra de cualquier tipo de regulación en torno a la utilización de mujeres como “vientres de alquiler”.


http://www.nosomosvasijas.eu


2015-06




MUJER - GÉNERO

n° 366

03/07/2015  

Frida Khalo

Condenadas por denunciar


Luciana Peker
Página 12

La historia de Celina Benítez y la criminalización de las mujeres madres como expresión cruel del patriarcado.


Celina Benítez, de 22 años, fue encarcelada esta semana, acusada de abandono de persona, porque su pareja abusó y mató a su beba de casi dos años mientras ella estaba trabajando. La responsable de la acusación es Carolina Carballido Calatayud, titular de una fiscalía especializada en violencia de género, quien ya tenía un antecedente grave en relación a la criminalización de las mujeres: Yanina González, otra joven vulnerable, estuvo detenida durante un año y medio bajo la misma sospecha, hasta que en marzo de este año fue absuelta en primera instancia.

Ahora, mientras el ensañamiento contra Celina la mantiene en el penal de La Plata, la fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Daniela Bersi, desistió de tomar la apelación presentada por Carballido Calatayud contra González, lo que deja más en evidencia lo fuertes que son los prejuicios de la fiscal y lo endeble de sus argumentos jurídicos. Y es que el estereotipo de esa maternidad edulcorada y asfixiante que parece exigirles a dos chicas vulnerables, víctimas de violencia también por parte de sus parejas, es poderoso, se lo puede rastrear en los discursos mediáticos, en la publicidad, en las redes sociales y en las sentencias judiciales.

Las madres tienen que darlo todo por los hijos e hijas, a ellas se les pide que encarnen el “instinto” que toda mujer debería tener bajo pena de sospecha, de demonización. Y sin embargo, cuando las mujeres denuncian abusos o violencia, sobre todo cuando esas mujeres son de clase media, también se las sospecha, se las acusa de locas, de ir en contra de los hombres y en muchos casos hasta pierden la tenencia y el contacto con sus hijos o hijas. Estas realidades son caras de la misma moneda: la cultura machista enquistada en quienes tienen que proteger a las víctimas y a la vez hacer justicia con los agresores.

Malas. Malditas. Malísimas. Las madres son malas si no ven, no escuchan, si salen a trabajar o si no les alcanza el sueldo para pagar la asistente social. Son malas si dicen que sus hijxs fueron abusados porque seguro que les llenaron la cabeza a sus hijxs en contra del padre. Son malas si tienen pareja porque necesitaban un hombre y no se dedicaban sólo a la crianza.

Son malas si están separadas y solas porque ven violencia en todos lados porque se quedaron enganchadas de su ex y no consiguen nadie que las atienda. Son malas si están separadas y van a la Justicia a pedir que se suspendan las visitas con sus hijas porque vuelven y cuentan que las tocaron con un diccionario sexual insospechado para niñas muy niñas porque están despechadas porque él se fue con otra y seguro que lo quieren desvalijar hasta de la última lamparita de su nueva casa.

Son peores si están casadas y se deciden separar la noche de ese día en que su hija contó que la frotaba en el cuerpo y dibujaba un pene en su boca porque están locas, son fabuladoras y odian a los hombres. Pero son más malas si nunca se pudieron imaginar que a una bebé la pueden tocar porque una mamá tiene que tener instinto y adivinar aunque no haya un sistema público de cuidados que la ayude a detectar –con letra y sin magia– los síntomas y alertas de un abuso sexual.

Denunciar violencia contra ellas es un camino largo y difícil para las mujeres. Pero, sin duda, denunciar la violencia contra sus hijxs es aún más difícil porque gran parte del Poder Judicial cree que el padre es padre, aunque cometa delitos contra sus hijxs, y porque los agresores no bajan la cabeza sino que arremeten con una judicialización fuerte y más fuerte cuanto mayor poder económico, político y cultural tienen.

Aunque, otro de los coletazos de la violencia es, también, la vendetta judicial contra las madres de hijos o hijas maltratadxs, asesinadxs o abusadxs, cuyas madres no detectaron la agresión o no pudieron denunciar. En casi todos los casos las malas son señaladas como malas madres por el Poder Judicial.

“El sistema judicial castiga por acción u omisión. Antes de que la madre entre al sistema ya es culpable. Si frente al abuso toma el camino de la acción y denuncia, en realidad lo hace para extorsionar o tomar represalia contra el perpetrador. Si tiene plata la motivación es obtener beneficios económicos; sino simplemente revancha o despecho. Si no denuncia también es culpable y cómplice.

El agresor se ve eximido de su responsabilidad. Incluso la madre del agresor es la culpable por haberlo criado de esa forma y convertido en un monstruo”, señala P. W., una madre denunciante y coautora de la “Guía Abuso Sexual en la Infancia”, con el apoyo del Fondo Canadá.

A veces la venganza judicial es tan fuerte que se vuelve un boomerang. Hace nueve meses que Laura Amodeo no ve a sus hijxs. El 27 de noviembre del 2009 ella denunció violencia de género contra el padre de sus hijxs I. y M. (en ese momento de diez y nueve años). El 27 de diciembre del 2012 la policía los sacó de su casa a la fuerza.

El año pasado M. estuvo internada en terapia intensiva más de cuarenta días y Laura se golpeó contra la desesperación más tajante. Al principio, ni siquiera pudo entrar a darle la mano a su hija en una pelea de vida o muerte. Ahora, después de un trasplante, hace 270 días que no teje, ni juega, ni habla con M. La burocracia obliga a que el encuentro sea supervisado con asistente social y la asistente social obstaculiza el encuentro urgido por el afecto y urgente por la salud de M. “Mi dolor está intensificado por el paso del tiempo y siento impotencia de no poder cuidarlxs.

Pero lo que más me preocupa es que lxs chicxs pierdan su identidad y su confianza en los otros, dado que cada vez que expresan sus sentimientos en lugar de protección reciben más castigo e indiferencia”, se preocupa Laura. La jueza Miriam Cataldi tiene que definir la tenencia y motorizar que las visitas puedan concretarse sin obstáculos. La abogada Viviana Devoto, integrante de la Fundación Mujeres en Igualdad, analiza el ensañamiento con Laura: “El sistema la castiga por querer vivir una vida libre de violencia. Como si le dijeran: ‘¿Querés ser feliz? Bueno, como no te quedás soportando el seno familiar y, por ende, sos mala madre, como sanción vas a perder a tu hijxs’. Se siente mucha impotencia”.

La peor venganza contra las mujeres que denuncian es sacarles a sus hijxs. La peor campaña para que otras mujeres no se animen a denunciar violencia es que haya mujeres alejadas de sus hijxs por denunciar. La médica Andrea Vázquez dejó constancia de la violencia de su ex esposo, por primera vez, cuando su hijo más chico tenía seis meses, en septiembre del 2009.

Ahora tiene seis años y desde hace tres que fue arrancado de su casa –el 2 de octubre del 2012– y no puede verlo ni a él ni a sus hermanos de trece y catorce años. Andrea está devastada. “La primera denuncia fue cuando le pateó una botella en la boca a F., mientras tomaba agua.

Yo estaba amamantando a I. y lo vi (a F.) en el piso sangrando. Le advertí que no iba a volver a tocar a mis hijxs ni a mí. Al otro día fui a la comisaría de la mujer de Burzaco y firmé mi condena a pena de muerte sin horca, sin inyección letal, sin cámara de gas, muerte en vida, muerte legal”, impacta Andrea.

Los casos de reversión de tenencia de Andrea Vázquez y Laura Amodeo son emblemáticos –pero no los únicos– no sólo porque están separadas de sus hijos e hijas sino porque su historia es una amenaza latente para las mujeres que se animan a denunciar y, a la vez, sean judicializadas si no denuncian. La cárcel es un destino por maldición de maternidad.

Andrea estuvo presa tres días por protestar frente a la Justicia por desesperación ante actas escolares que hablan de una fuerte angustia de sus hijxs. “Como castigo, además de meterme en un calabozo de un metro cuadrado, llevarme a la madrugada a un hospital neuropsiquiátrico para hacerme una pericia y golpearme contra un armario, estoy procesada y elevada a juicio por resistencia a la autoridad”, grafica Andrea.

Los jueces de su causa –Enrique Quiroga, María Silvia Villaverde y Roxana del Río, de Lomas de Zamora– fueron procesados, en septiembre del 2014, por un jurado de enjuiciamiento. Sin embargo, Andrea nunca volvió a vivir ni a ver, con intimidad, a sus hijxs.

En uno de los pocos encuentros, en un shopping, la asistente social Miriam Rivero sacó los colmillos de los prejuicios. A veces son porque no caminan hasta la Justicia y, otras, como en el caso de Andrea, porque fue a ver a sus hijxs con sus propios zapatos.

“Ella escribió que yo usaba taco alto para poder mirar desde arriba y convencer a ministros y senadores con mis mentiras”, describe. Nadie se pone en los zapatos de las mujeres –ahora en la causa no hay designado un juez de primera instancia– pero si una mujer denuncia pueden lastimarla en su talón de Aquiles: el vínculo con sus hijxs. “El mensaje que el Poder Judicial misógino y patriarcal envía con mi caso y el de Laura (Amodeo) es ‘no denuncies porque te vamos a sacar a tus hijxs, hacerte pasar por loca, torturarte, lograr que te suicides o sufras un infarto o ACV, como pasó con Marcela Filliol y con otras madres’. Necesitamos que los organismos controladores de la conducta de magistrados y funcionarios judiciales funcionen y que nos devuelvan a nuestros hijxs.”

No son casos aislados, sino historias que se repiten. K. P. se identifica con sus iniciales y detalla el calvario post calvario: “El día que formalicé la denuncia penal firmé mi propia sentencia. La persecución por parte del Poder Judicial fue atroz.

Fui amenazada con perder la tenencia, me embargaron mi sueldo, me multaron con una suma de casi 700.000 pesos. Mis hijxs fueron obligados a revinculaciones forzadas con traslados en móviles policiales y fui denunciada penalmente por impedimento de contacto”.

No es un rejunte de historias, son mujeres que ya se reconocen por un nombre: madres protectoras. En el caso de A. –que ahora tiene 14 años– el progenitor pidió que sea sometida a una terapia de desintoxicación por “lavado de cerebro” y “embrujo realizado durante más de diez años”. La jueza escuchó a la adolescente –empoderada en su propia lengua filosa a borbotones– y no dio lugar a la reversión de tenencia. Tiene que terminar de decidir la Cámara de Apelaciones en lo Civil.

Su mamá (S.) también cuenta: “Como madre, una y otra vez fui tratada de mendaz, manipuladora y calculadora por haber denunciado el incesto. La Justicia castiga a las madres porque no pueden decir que una niña miente o es manipuladora, entonces para silenciar a la niña que devela el incesto y proteger al victimario, la manipuladora pasa a ser la madre.

En lugar de investigar al denunciado se investiga a la denunciante”. No se trata de desalentar nuevas denuncias. Pero sí de desenmascarar la doble perversión. “La Justicia es una encerrona para las madres: para proteger a tu hija, no podés no denunciar y si denunciás sos atacada y amenazada con lo peor que te puede pasar después del incesto: que la Justicia te saque a tu hija y la entregue al padre abusador”, ejemplifica S.

Graciela M. González, directora del Departamento de Prevención de la Violencia de Género y el Abuso Sexual Infantil de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, interpela: “¿Qué hacer entonces? ¿No denunciar? No sólo no es la solución sino que, además, provoca que los mismos que tenían que proteger a mujeres y niños/as crean que la mujer no denunció porque no estaba en desacuerdo con la situación o por su propio masoquismo”.

La psicóloga María Cecilia López, autora del libro Madres de hierro: las madres en el abuso sexual infantil, contextualiza: “Siempre es mucho más fácil echarle la culpa a la mujer y si es madre mejor. Nadie nunca tiene en cuenta que ella también es una víctima de una situación de violencia al igual que su hijo o hija abusados”.

Nora Schulman, directora Ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, recalca: “La denuncia implica el comienzo de un largo peregrinar con el agravante del maltrato y el sufrimiento del Síndrome de Alienación Parental (SAP)”.

Y se pregunta: “¿Qué clase de connivencia se produce entre la Justicia y los padres abusadores? ¿Es demostración de poder, de superioridad, de corrupción o simplemente la creencia de un concepto de familia arcaico y ya perimido? Por eso propone que avancen los juicios políticos a los magistrados que criminalizaron a las madres protectoras.

La marcha del 3 de junio con la consigna “Ni una menos” significó un gran avance. Pero todo avance genera también embestidas. El backlash es la reacción frente a los reclamos por más derechos. ¿Qué va a pasar después de Ni Una Menos? El abogado Juan Pablo Gallego analiza: “A partir de la visibilización del abuso sexual y la violencia de género en las capas media y altas de la sociedad se ha constituido un bloque de poder machista y misógino que incluye funcionarios y profesionales multidisciplinarios que, en defensa de su propia ideología patriarcal (y, sin perjuicio de casos en que uno puede percibir hasta situaciones de corrupción y cohecho), ajustician a la mujer”.

La psicóloga Daniela Lezcano propone: “Después de Ni Una Menos hay que adelantarse a la posibilidad de gallos vengativos, aprovechar la fuerza y apoyo nacional de esta movida para que se brinden programas y se proclame la Ley de Protección a los Profesionales que trabajamos en abuso sexual porque el backlash no cesa”.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9814-2015-06-23.html